Por delitos ambientales capturan dos personas en Cundinamarca
Los presuntos infractores ambientales realizaban actividades ilegales de minería afectando los recursos suelo, agua, aire y al paisaje con la extracción de carbón de piedra y lignito.
En flagrancia fueron encontradas dos personas que realizaban explotación y extracción subterránea de carbón mineral en la mina El Cajón II, en el municipio de Lenguazaque, quienes no contaban con los permisos ambientales correspondientes para ello, por lo que la CAR Cundinamarca determinó la suspensión inmediata de actividades, dado que generaban graves afectaciones a los recursos, suelo, aire y agua.
Fue a través de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental – UIGA de la CAR, que se desarrolló el operativo que dio como resultado la captura de dos presuntos infractores ambientales gracias al trabajo coordinado con el Escuadrón Móvil de Carabineros – EMCAR UNIMIL y el Grupo Investigativo de la Policía Nacional, donde también se hizo el decomiso de ocho martillos percutores neumáticos.
“En el predio de la mina denominado Los Alisos, en verada Ramada Flórez del municipio de Lenguazaque, se encontraron dos bocaminas principales, infraestructura metálica de torre y tolva, sobre está última contaba con una capacidad aproximada de 100 toneladas de material. Todo esto evidencia una continua actividad de explotación que debe ser regulada y controlada”, sostuvo Juan Camilo Ferrer Tobón, director Jurídico de la CAR.
Según la información de los presuntos infractores ambientales, la mina producía unas 300 toneladas de carbón y 50 toneladas de material estéril al mes.
Las afectaciones ambientales
El informe técnico de la UIGA – CAR sostiene que “el efecto ambiental más importante de la minería subterránea es la extracción de recursos naturales no renovables, que en el presente caso se realiza sin instrumento ambiental vigente. Las afectaciones ocasionadas por la minería de carbón por socavón en la superficie del terreno incluyen los hundimientos, asentamientos, desniveles, curvaturas, deslizamientos, así como el estiramiento y la compresión de la parte superficial del suelo”.
En el caso del recurso suelo, la intervención por la actividad minera evidenció erosión por la inadecuada disposición de materiales sobre el suelo y fuerte acidificación a causa de la escorrentía superficial; además que, la explotación subterránea requiere áreas adicionales en la superficie del terreno para las instalaciones de infraestructura requerida para ello, de modo que se produce un impacto por la falta de medidas de mitigación y control de movimientos de tierra.
Para el recurso agua, se realizaba un vertimiento de aguas asociadas a la minería que se disponían al cauce de la quebrada El Cajón sin los análisis ni permisos ambientales respectivos. La explotación subterránea de carbón causa contaminación química del agua, genera aportes importantes de sólidos disueltos y suspendidos. Adicional a esto y, de acuerdo a investigaciones previas, algunas zonas presentan altos contenidos de azufre y hierro que ocasionan descargas ácidas en el agua.
La afectación al recurso aire se da por las emisiones atmosféricas generadas con la actividad, pues aporta material particulado durante la manipulación del carbón (descargue, acopio, cargue y transporte) junto a la acción del viento y por el uso de maquinaria y vehículos. A su vez, como consecuencia de las perforaciones subterráneas, se liberan gases tóxicos como el metano que genera un riesgo de muerte por su explosividad al mezclarse con el aire (este uno de los gases principales que promueven el efecto invernadero).
Por último, la afectación al paisaje se da por la evidente alteración en la forma, textura y calidad del mismo, principalmente por la deficiente disposición técnica de materiales y de toda la infraestructura de la mina.
La CAR Cundinamarca continuará desarrollando este tipo de operativos que promueven el cuidado ambiental del territorio e invitando a las comunidades a que denuncien estas actividades que atentan contra los recursos naturales. Las denuncias pueden ser recibidas a través de las direcciones regionales correspondientes de la Corporación o directamente en la sede central en Bogotá.
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