[OPINIÓN] Procuraduría formula cargos contra 17 exconcejales y concejales de Soacha, el motivo: Un tanto de mediocridad, otro tanto de neoliberalismo
Por: Sergio Tovar Vásquez
Los cargos les fueron formulados por haber facultado al alcalde a crear una empresa de economía mixta y no una industrial y comercial del Estado como recomendaba la norma.
El 14 de enero del presente año, la Procuraduría General de la Nación publicó el boletín número 31 en el que anunció haber formulado pliego de cargos contra 17 exconcejales (2020 – 2023) de Soacha, Cundinamarca, por las presuntas irregularidades al autorizar al alcalde para constituir una sociedad de economía mixta destinada a la operación del servicio catastral, comprometiendo además el uso de recursos públicos [1].
El permitir a los municipios y departamentos crear empresas para la gestión catastral es en sí mismo negativo, ya que va en contra de lo verdaderamente necesario: fortalecer presupuestalmente al IGAC para que tenga la capacidad de operar el catastro en todo el territorio nacional.
A pesar de la afectación provocada por dicho decreto, los concejales de Soacha agravaron la situación al determinar que la empresa encargada de operar los servicios catastrales tendría un 49% de participación privada. Aunque el Decreto 1983 establecía que no podía haber intervención del sector privado al predefinir que la empresa debía ser de carácter industrial y comercial del Estado, es decir, pública. De ahí la formulación de cargos hecha por la Procuraduría y que califica la conducta como falta grave cometida a título de culpa gravísima.
Más allá de la noticia, vale la pena que la ciudadanía soachuna se pregunte: si la norma era clara en que la empresa a constituir debía ser pública, ¿por qué decidieron crear una con participación privada? Solo hay dos posibles respuestas a ello. La primera es que los concejales no estudiaron previamente la norma, lo cual es grave, ya que su función básica-y por la cual se les paga-es estudiar bien las normas que fundamentan su actuar; es un acto de responsabilidad mínima con su función. La segunda razón puede ser que, a pesar de haber sido rigurosos y haberse instruido bien, sabían que debían crear una empresa pública y aun así decidieron crearla con participación de privados. Desde cualquier perspectiva, es una conducta gravísima y merecedora de sanción.
También debemos cuestionar la lógica con la que el Concejo tomó dicha decisión, la creación de empresas para ejes estratégicos de la sociedad, como los servicios públicos o el catastral, debería ser con carácter público y no privado. Nos subieron el predial de forma desproporcionada y crearon una empresa con participación privada para entregarle parte de la ganancia a particulares, neoliberalismo puro y duro [2].
La procuraduría catalogó la conducta como falta grave cometida a título de culpa gravísima, nosotros le adicionamos conducta mediocre y neoliberal.
[2] https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=101892
Columna de opinión escrita por Sergio Tovar
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