Se anunció reforma a la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios
Con el ánimo de buscar la equidad para los ciudadanos, el DNP anunció una reforma a la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios; este proyecto será presentado ante el Congreso.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) está trabajando en un proyecto de reforma a la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, que se presentará ante el Congreso. Esta reforma busca crear un modelo más justo que dé prioridad a los usuarios y fomente la participación de actores sociales y organizaciones comunitarias en la prestación de estos servicios.
Alexander López Maya, director del DNP, destacó las grandes desigualdades en el acceso a servicios básicos en diversas regiones del país. Señaló la necesidad de equilibrar los derechos de las empresas y los ciudadanos para asegurar igualdad y equidad en la prestación de servicios públicos.
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El DNP observó que aunque Colombia ha mejorado en términos de cobertura y calidad de los servicios públicos, estos avances no se han distribuido equitativamente. Resaltó la preocupante situación del acceso al agua potable, indicando que 12,8 millones de colombianos no tienen un servicio de calidad, y 3,2 millones de ellos carecen de acceso a cualquier tipo de agua potable. Además, 2,6 millones de personas en zonas rurales y 600 mil ciudadanos en áreas periféricas no pueden acceder adecuadamente al agua potable.
En cuanto a la energía eléctrica, López Maya explicó que la cobertura nacional es del 94,9%, pero aún hay cerca de 818 mil viviendas, lo que equivale a 4 millones de personas, sin acceso a este servicio, principalmente en regiones vulnerables. También señaló que la calidad del servicio varía significativamente; en Bogotá, por ejemplo, es cinco veces mejor que en el departamento de Caquetá.
El director del DNP también abordó las desigualdades en las tarifas de energía, especialmente en la región Caribe, donde la población ha tenido que asumir costos de $2,7 billones debido a las pérdidas de energía. Atribuyó también estas inequidades en la prestación de servicios públicos al modelo actual establecido por las Leyes 142 y 143 de 1994, que limitan el papel del Estado y dejan la gestión principalmente en manos del sector privado. La reforma propuesta por el DNP busca corregir estas desigualdades y garantizar un acceso más equitativo a los servicios públicos en todo el país.
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