Se aplazó la demolición de las porterías uno y cuatro del conjunto residencial San Carlos debido a la insuficiencia de la maquinaria necesaria para hacer efectiva la orden judicial. Hasta el momento la comunidad residente en la urbanización dice seguir inconforme por la falta de garantías en materia de seguridad y malla vial.


La demolición de las porterías estaba programada para la mañana de este lunes, pero no se pudo llevar a cabo porque al sitio no llegó la maquinaria solicitada. Sin embargo la comunidad y la administración del conjunto estaban preparadas para contrarrestar la diligencia, argumentando que aún no se han cumplido las recomendaciones del fallo que obliga a la alcaldía a tomar medidas de seguridad y en materia vial, antes de habilitar la vía pública.

La administración del conjunto y habitantes del sector dicen no estar en desacuerdo con el fallo efectuado por el Juzgado 11 administrativo de descongestión de Bogotá, que ordenó la demolición de las dos porterías del conjunto residencial. Sin embargo argumentan que seguirán evitando que se lleve a cabo el procedimiento por la falta de respuestas y garantías de la alcaldía en temas relacionados con el fortalecimiento de la seguridad y el control vehicular posteriores al derribamiento de las estructuras.

Claudio Valenzuela, secretario general del consejo de administración, pidió una pauta que les permita concretar el cumplimiento de las garantías requeridas.

“Hicimos una reunión a la que asistieron más de cuatrocientas personas; en el hecho se reunieron firmas solicitando que se den las plenas garantías para el cumplimiento del fallo, además que la alcaldía nos dé una pauta con el fin de reunir los recursos necesarios para cerrarnos y de alguna forma mantener reducido el vandalismo, necesitamos tiempo para recoger los fondos precisos que son indispensables para llevar a cabo esta alternativa”, sostuvo.

La principal preocupación de los habitantes del conjunto residencial son el posible aumento indiscriminado de la inseguridad en el conjunto, pues una vez se haya abierto la vía, tendrá un uso público, hecho que permite el ingreso de cualquier individuo al conjunto sin ningún tipo de control. Además sostienen que no se ha verificado el tipo de uso que se le dé a la vía, por eso temen que sea usada por vehículos pesados que no solo afecten la malla vial, sino que deterioren y empeoren el estado de varias torres que ya están en situación de riesgo.

“Desde la Administración del conjunto lo que queremos es pedirle a la alcaldía y al señor secretario de gobierno que nos colabore llegando a una concertación. Nosotros no estamos diciendo que no se vayan a quitar las porterías, sin embargo pedimos que antes se cumplan las garantías y que nos permitan estar seguros. Hay cuatro edificios que están a punto de caerse, con la apertura de la vía es un hecho que la estructura se puede debilitar aún más”, agregó Libardo Ramos, residente del conjunto.

Finalmente, Elberto Ariza, director de apoyo a la justicia del municipio, afirmó:

“La secretaría de movilidad está realizando los estudios que determinarán el uso apropiado que deberá ser aplicado a la vía, y en materia de seguridad, nosotros enviamos el caso al Distrito de policía de Soacha para que ellos adopten medidas de acuerdo al plan de prevención. Hay que tener en cuenta que esta es una orden judicial, nuestra función en este caso es llevar a cabo la demolición, la cual estaba programada para hoy, pero por falta de maquinaria no se pudo realizar, sin embargo la aplazamos para el siguiente 4 de Mayo”.