Según la ONU, en Colombia persisten las ejecuciones extrajudiciales

Posted on 21 de marzo de 2018 by Periodismo Público

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó durante 2017 once casos de ejecuciones extrajudiciales, ocurridos en Arauca, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima.

“Cinco presuntas ejecuciones extrajudiciales fueron perpetradas en el marco de operaciones de seguridad ciudadana realizadas por las fuerzas militares, lo que demuestra los riesgos de involucrar a los militares en tareas policiales. Otros tres casos presuntamente ocurrieron durante operaciones militares en contra del Eln. Tres más están relacionadas con el presunto uso excesivo de la fuerza durante procedimientos policiales de rutina”, señaló esa Oficina en el informe de Derechos Humanos.

Según ese organismo, ocho casos fueron presuntamente cometidos por miembros del Ejército y tres por la Policía, y no es algo que haya sucedido solo el año pasado, en 2016 también se presentaron.

De acuerdo con OACNUDH, “entre los factores que contribuyen a la ocurrencia de presuntas ejecuciones extrajudiciales se encuentra la posible falta de mando y control por parte de los comandantes de la Policía y de las fuerzas armadas, así como la falta de planificación de las operaciones y la ausencia de disciplina táctica, contribuyendo todo lo anterior a la persistencia de estas violaciones de derechos humanos”.

Es por eso, que esa oficina de la ONU recomendó al Estado fortalecer la capacidad operativa de las instituciones civiles en zonas rurales con el fin de evitar que las fuerzas armadas desempeñen funciones por fuera de su ámbito de responsabilidad.

“Algunos políticos han solicitado que se involucren a los militares en tareas ajenas a su mandato, ya que son una de las pocas instituciones estatales que tienen capacidad operativa en las antiguas zonas de conflicto. Sin embargo, esto implica su participación en situaciones en las que la formación y disciplina militar no son adecuadas y produciendo distorsiones en sus relaciones con otras autoridades estatales, especialmente las autoridades locales y la Policía, generando dependencia y en ocasiones incluso subordinación del poder civil al poder militar”.

Fuente: ElColombiano.com