Soacha es uno de los municipios que el ministro Carrasquilla ayudó a empobrecer

Posted on 12 de septiembre de 2018 by Periodismo Público

El Plan Carrasquilla, con el que supuestamente se solucionaría el problema de saneamiento básico de sectores vulnerables de las comunas tres, cuatro y seis, fue un invento del actual ministro de hacienda Alberto Carrasquilla. Gracias a él, Soacha se endeudó en 18 mil millones de pesos, ha pagado intereses exorbitantes y muchas de las obras proyectadas no se han realizado.

Carrasquilla y el exdirector de Fogafin, Andrés Flórez, crearon la empresa Konfigura que se convirtió en asesora para que los municipios consiguieran recursos con los llamados ‘Bonos Agua’.

Dice Daniel Coronell, en un reciente informe de la revista Semana, que Flórez y Carrasquilla convencieron a más de 100 alcaldes con el argumento de que ellos no pagarían la deuda, sino sus sucesores, según denunció el senador Jorge Robledo, en su página web, el pasado 3 de agosto.

Robledo aseguró además que 400.000 millones de pesos fueron colocados en bonos, y a los prestamistas les pagaron una tasa UVR (Unidad de Valor Real) de +8%, mientras “a los municipios les cobraron la muy alta de UVR+11%”.

Así mismo, el senador del Polo señala a Carrasquilla “y a sus socios” de quedarse con unos 14.000 millones de pesos anuales durante cinco años, pues a ellos les correspondía el 3% de la operación.

El caso Soacha

El Plan Carrasquilla consiste en una serie de créditos que fueron concedidos por el Ministerio de Hacienda a ciertos municipios del país, con el fin de mejorar las fuentes o sistemas de abastecimiento y disposición de aguas. Para el caso de Soacha, el préstamo fue obtenido para mejorar todo el tema de saneamiento básico en barrios de la comuna tres como Pablo VI, León XIII, Ducales y Olivares, e incluso en determinados sectores de las comunas cuatro y seis.

El proyecto nace en el año 2009 con un préstamo de cerca de 18 mil millones de pesos en la administración de Ernesto Martínez; posteriormente lo recibe Juan Carlos Nemocón, quien durante su gobierno inició algunas obras, hasta llegar a la administración actual de Eleázar González.

Entre 2009 y 2014 no se ejecuta ninguna obra en Soacha de las proyectadas en el Plan Carrasquilla. Cinco años después, en el gobierno de Nemocón, la Secretaría de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos suscribió el Contrato No 774 del 23 de diciembre de 2013, por un valor de $18.387.123.874, cuyo objeto fue la ‘Construcción de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, y reparaciones de redes de alcantarillado sanitario y pluvial para diversos sectores del municipio de Soacha Cundinamarca’, el cual fue adjudicado al Consorcio Ediviales Soacha.

Igualmente la Alcaldía Municipal adjudicó el Contrato de Interventoría a esta obra, por un valor de $1.705.458.501 al Consorcio ICRAA, lo que quiere decir que la inversión total destinada por el municipio para realizar el saneamiento básico de los sectores mencionados, fue de $20.092.582.375.

Así las cosas y previendo que las obras tendrían un óptimo desarrollo y que finalmente se cumpliría el objetivo de hacer el saneamiento básico en los sectores contemplados dentro del contrato, el 5 de febrero del año 2014 se dio inicio a la ejecución del Plan Carrasquilla, según consta en el Acta de inicio suscrita por la Secretaria de Infraestructura de ese entonces, Ingeniera Dora Vera y el Representante legal del Consorcio Ediviales, el Ingeniero de origen español, Benigno Méndez Oliva.

No obstante, la ejecución real de las obras en terreno comenzó el 5 de mayo de 2014, día en que el alcalde del momento, Juan Carlos Nemocón, excavó la primera palada de las obras en el barrio León XIII tercer sector (ver: http://bit.ly/1ETleaw), para empezar a intervenir los barrios que se iban a beneficiar de las obras contratadas.

Pero aunque el plazo inicial de 12 meses determinado para desarrollar los trabajos terminó el 4 de febrero de 2015, los tiempos nunca se cumplieron y es la hora que muchas obras no se concluyen, y en la actualidad son más las dudas que las certezas con respecto a este tema, teniendo en cuenta que a lo largo del proceso han surgido varios inconvenientes derivados de la incapacidad del contratista para poder ejecutar el contrato y llevar las obras a buen término.

Para completar las demoras, a Ediviales se le declaró el incumplimiento del contrato y la aseguradora Liberty Seguros S.A. tuvo que asumir la responsabilidad del desarrollo de las obras, aunque posteriormente se le cedió al consorcio Hidrosanitario Soacha, firma que aún tiene a su cargo la ejecución del Plan Carrasquilla.

Pero tanta demora terminó por perjudicar al municipio porque los intereses absorbían el presupuesto municipal, teniendo en cuenta que fue un crédito aprobado en UVR, que es un valor que se actualiza con el correr del tiempo y en donde la deuda va creciendo, estrategia que garantizaba que los préstamos no perdieran valor y tras del hecho había una remuneración adicional del 11% para el prestamista; de este modo se le garantizaba el valor del dinero en el tiempo a quien prestó la plata y aun así tenía una utilidad del 11%.

Después de este descalabro financiero para Soacha, en 2014 se logró a través de Findeter que se refinanciara la deuda y el crédito pasó a pesos, aunque esta ya había crecido. Los 18 mil millones que se sacaron inicialmente para el municipio ya iban en 21 mil millones.

En 2017 el municipio de Soacha logró bajar el plazo del préstamo, teniendo en cuenta que el crédito inicial estaba a 15 años y con la nueva refinanciación bajó a 7, pero la Secretaría de Hacienda deberá continuar mes a mes cancelando una deuda hasta el año 2024 que lo que más le ha dejado al municipio es dolores de cabeza y un hueco financiero enorme.

Hoy, 9 años después de haber sacado el préstamo, Soacha sigue pagando una deuda costosa y unos intereses altísimos, con el agravante que muchas obras aún no se entregan. Una herencia que le dejó al municipio el actual ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla que ha contado con la complicidad de los alcaldes de turno debido a que la asignación de los contratos no ha sido la mejor y la demora en las obras ha prevalecido, afectando los intereses de la comunidad.