Están ubicadas al margen del río Tunjuelo entre la desembocadura de la quebrada Yomasa y la entrada del Relleno Sanitario Doña Juana. Las plantas afectan el ambiente capitalino por vertimientos industriales, aceites usados, residuos peligrosos y manejo inadecuado de aguas lluvias.


La Secretaría de Ambiente le impuso medida preventiva de suspensión de actividades en flagrancia a cinco plantas dedicadas a la trituración de material pétreo en la localidad de Usme. Las trituradoras, ubicadas en el predio La Perdigona (al margen del río Tunjuelo entre la desembocadura de la quebrada Yomasa y la entrada del Relleno Sanitario Doña Juana), desacataron la orden de la SDA para que suspendieran las actividades generadoras de vertimientos y de captación de aguas del río.

El operativo fue realizado en compañía de La Fiscalía 205 Especializada (Unidad de Delitos Contra el Ambiente y los Recursos Naturales) y la Policía Ambiental.

Las plantas no cuentan con permiso de vertimientos industriales ni concesión de aguas superficiales; incumplen la normativa ambiental en cuanto a aceites usados y residuos peligrosos, no tienen un adecuado manejo de las aguas lluvias y vierten sus residuos líquidos directamente al Tunjuelo sin ningún tratamiento previo.

Según la SDA, muchas se encuentran en las zonas de manejo y protección ambiental y ronda del río Tunjuelo, por lo que el uso del suelo no es compatible con las actividades industriales que desarrollan, de conformidad con el POT de Bogotá.

La Secretaría de Ambiente instaló varios sellos en las cajas de distribución eléctrica externa, utilizada para suministrar la energía a las electrobombas, en las cadenas de repartición del sistema mecánico de la banda transportadora, en el equipo de trituración y en las tuberías de toma y distribución del agua del río.

«Ante el evidente y constante desacato, la Secretaría de Ambiente abrirá el respectivo proceso sancionatorio ambiental contra los propietarios de las plantas de trituración, que les podría acarrear sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes”, manifestó Néstor García, Secretario Distrital de Ambiente.

Adicionalmente, la Fiscalía General de La Nación tiene en curso procesos penales por contaminación ambiental y daño a los recursos naturales a los propietarios de estas plantas, como consecuencia de las actividades realizadas por estas trituradoras.

“La SDA aporta pruebas a estas investigaciones adelantadas por La Fiscalía, conforme a los procesos sancionatorios surtidos en la entidad. Seguiremos realizando un constante monitoreo a este predio, con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas preventivas y que no hayan retirado los sellos instalados”, puntualizó García.

En el momento del operativo se encontraron varias plantas en actividad, es decir explotando el material pétreo para la obtención de gravas y gravillas.

Esta actividad requiere el abastecimiento de agua en su proceso de triturado y lavado, para lo cual se captan aguas superficiales del Tunjuelo por medio de electrobombas; esto genera vertimientos a este cuerpo hídrico con alta carga de sedimentos sin ningún tipo de tratamiento previo.

Las trituradoras no cuentan con una zona para el manejo y gestión de los residuos peligrosos y aceites usados, generados presuntamente del mantenimiento o lubricación de la maquinaria disponible para la actividad productiva, los cuales son mezclados con otros residuos convencionales.