El muro de San Carlos, en la mira de los morosos

Miércoles 21 de octubre de 2009




Un reducido grupo de copropietarios morosos de la Urbanización San Carlos inició un proceso jurídico que busca derribar el muro de encerramiento del conjunto residencial. Ahora se adelanta un proceso por restitución de vías públicas, aduciendo que las áreas comunes son propiedad del municipio.

La Urbanización San Carlos se entregó en 1983 a 1.410 familias de estratos bajos; en su momento fue el conjunto residencial más grande del municipio, que incluía diez locales comerciales y 70 bloques cada uno con 20 apartamentos.

Los apartamentos fueron entregados bajo el programa de “Vivienda de Interés Social” con créditos en el Banco Central Hipotecario BCH y financiado con el sistema UPAC. No obstante a los cuatro años de estar pagando, muchos perdieron sus propiedades porque no pudieron cumplir con las cuotas.

La constructora de vivienda San Carlos fue la encargada de vender los apartamentos y de administrar el conjunto residencial los primeros años. Pero nunca ilustró a los copropietarios sobre las responsabilidades, derechos y deberes que tenían por ser un sistema de propiedad horizontal, lo que originó desorganización y falta de compromiso de muchos habitantes, y nunca se fijó una cuota de administración para comenzar a darle orden a la Urbanización.

También se comenzaron a identificar falencias y vacíos en servicios públicos, transporte, seguridad y convivencia. Era una zona despoblada, ya que en sus alrededores sólo existían los barrios San Humberto y Chicó y una parte de Llano Grande y la Florida. No habían rutas de transporte asignadas y la mayoría de veces sus habitantes tenían que caminar hasta la autopista.

Por ser un área despoblada y aislada del centro de la ciudad, sus habitantes empezaron a sentir el problema de inseguridad, canalizado a través de robos, asaltos y atracos. Estaban desprotegidos porque a sus alrededores sólo había potreros y quedaban a merced de los ladrones. La ropa que se colgaba en las ventanas se perdía, las áreas verdes y los pasillos se convirtieron en poco tiempo en lugares propicios para atracar, robar y hasta violar.

Tanto problema de inseguridad obligó a que algunos copropietarios comenzaran un proceso de autogestión de vigilancia; se organizaron por bloques y se acordó tomar una serie de medidas que redundara en la seguridad de los habitantes de la urbanización, incluyendo lo patrullajes nocturnos.

Se nombraron delegados de bloque para liderar el proceso de organización, incluyendo vigilancia, aseo y el arreglo de zonas verdes. Sin embargo por no tener un muro protector adecuado, las calles de la urbanización se convirtieron en parqueaderos de tracto mulas, camiones y vehículos de personas ajenas al conjunto, lo que dañó de manera inmediata el pavimento de las vías.

En un principio, y según reza el certificado de libertad de mayor extensión con matrícula inmobiliaria 50S726981, los límites del conjunto estaban demarcados por un cerramiento con cercas de alambre y tapia pisada, pero fue insuficiente ya que su altura era demasiado baja.

Transcurrió el tiempo y la lucha de los habitantes prosiguió en busca de mejorar la calidad de vida y encontrar una sana convivencia. En 1993 se inició un proceso de gestión ante el alcalde de ese entonces, Fernando Ramírez, con el fin de buscar apoyo para realizar un encerramiento adecuado, que cumpliera con todas las normas propias de este tipo de trabajos. La propuesta fue avalada en 1994 y aprobada por los copropietarios de la Urbanización; una parte del presupuesto lo aportó el municipio y otra salió de la comunidad, a través de rifas, bazares y el aporte de mano de obra de muchos habitantes.

A partir del encerramiento oficial se comenzó a organizar el conjunto; en una asamblea general se nombró oficialmente el primer Consejo de Administración y se aprobó el aporte de una cuota de cinco mil pesos con incrementos anuales de mil pesos, destinados al mantenimiento de las áreas comunes, barrido, poda, arreglos locativos, pago de servicios públicos, mantenimiento del mismo cerramiento y de las luminarias, ya que según los habitantes, la empresa SOCILUZ no responde por el alumbrado público de la urbanización.

Nueva Ley de propiedad horizontal

El 3 de agosto de 2001 el gobierno nacional expidió la Ley 675 que reemplazó a la 182 de 1948; con ella nació una nueva normatividad para los conjuntos y urbanizaciones de propiedad horizontal. El artículo 86 de la nueva ley habla claramente de que los conjuntos que ya venían sometidos a otros regímenes de propiedad horizontal quedarán regidos por la nueva ley, y traza unos términos para que se hagan ciertas reformas al reglamento de cada conjunto.

Para hacer esas reformas la ley expresa que se tiene que contar con el 80% del voto favorable del total de los copropietarios, de lo contrario el conjunto o urbanización tendrán que someterse a lo que diga la nueva ley.

Mensaje-ESE-Soacha Para el caso del Conjunto Residencial San Carlos se citaron varias asambleas, pero en ninguna se logró el quórum reglamentario; de 1.410 copropietarios se necesitaba la asistencia de 980, pero no se logró.

Así las cosas la urbanización quedó sometida plenamente a la nueva ley 675 sin derecho a reformar el reglamento porque no se logró el tope estipulado para adaptarlo a las necesidades del conjunto. Eso generó problemas y vacíos jurídicos, ya que el ente de control, o sea la oficina de apoyo a la justicia, expresó que hasta que no se hicieran las reformas al reglamento de propiedad horizontal, no hacía la respectiva inscripción de la persona jurídica.

El actual administrador del conjunto, Hernando Corzo, dijo que una cosa es la inscripción y otra muy distinta es cómo nace la persona jurídica; explicó que ésta nace cuando se inscribe la propiedad en la oficina de instrumentos públicos, “y la persona jurídica somos todos los copropietarios”, afirmó.

“En ese proceso duramos cinco años solicitando que la oficina de apoyo a la justicia nos recibiera la inscripción de la persona jurídica. Tuvimos que acudir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y gracias al fallo del 28 de octubre de 2008 se obligó a la Administración municipal a que nos inscribiera en menos de 72 horas. Casualmente esa tramitología generó desconfianza y algunos copropietarios se acogieron al criterio de que al no estar inscritos, se daba por hecho que no había representación legal, y por lo tanto no pagaban la cuota de administración”, manifestó el señor Corzo.

Entre 2001 y 2008 muchas personas dejaron de pagar y hoy la urbanización tiene una deuda que ha retrasado las obligaciones propias de un conjunto residencial. La anterior situación fue aprovechada por un minoritario grupo de copropietarios, no sólo para no pagar los compromisos aprobados cuando se nombró el Consejo de Administración, sino para colocar una demanda con el fin de que se derribe el muro de encerramiento, y en palabras del actual presidente del Consejo de Administración, dejar de pagar las obligaciones.

Ante las quejas y demandas, hoy el municipio inició un proceso por restitución de vías públicas. Significa que se pretende derribar el encerramiento del conjunto y utilizar las calles de la urbanización para el tránsito normal de vehículos, y al no existir muro, simplemente cualquier persona o vehículo puede ingresar o atravesar por la urbanización. inauguración wi-fi-SoachaPara Corzo, las vías hacen parte de las áreas comunes, las cuales fueron entregadas a la comunidad cuando se adquirieron las viviendas, y ese argumento lo respalda la escritura de mayor extensión No. 847 de la notaría 23, del 27 de junio de 1983, la cual habla de todas las áreas que componen el conjunto, incluyendo comunes y privadas. “Nosotros tenemos pruebas que estas áreas son nuestras, y el municipio tendrá que demostrar jurídicamente que esas zonas les pertenece; tendrá que mostrarnos la escritura pública que conste que la constructora les entregó los terrenos que reclaman”, concluyó.

Luego de iniciado el proceso se han expedido las resoluciones 262 y 554, donde se ordena una inspección ocular para que las partes muestren qué es lo que se ha construido y si realmente esas áreas pertenecen a la comunidad o al municipio.

Recientemente se radicó una carta firmada por más de 1.300 copropietarios, dirigida al alcalde Ernesto Martínez, expresando su respaldo al Consejo de Administración, al encerramiento y a todas las obras realizadas con el pago de las cuotas por parte de los habitantes del conjunto.

Inauguración zona wi-fi-SoachaLos habitantes de San Carlos lo único que reclaman es seguridad ciudadana, y temen que se repita la situación de los años 80 cuando las circunstancias los obligaron a enfrentar a la delincuencia. Sin embargo confían en la decisión de las autoridades, más aún cuando el conjunto se rige bajo las normas de propiedad horizontal y hay conceptos que así lo reconocen como la comunicación dirigida por los arquitectos Pedro Torres Remolina y Ramón Mendoza, el 12 de agosto de 2002, a la entonces concejala Patricia Bojacá, donde se expresa claramente que la urbanización sí es un conjunto cerrado.

Algunos copropietarios recuerdan incluso el respaldo que recibieron para la rebaja de impuestos por parte del hoy alcalde de Soacha José Ernesto Martínez, quien-tal y como lo menciona el periódico XUE “La voz del lector” en su artículo publicado en abril de 1997, era integrante del concejo municipal en 1989. Veinte años después esperan ese mismo respaldo, aunque esta vez el problema no son los impuestos, es el encerramiento que influye directamente en la seguridad de sus habitantes, y las mismas zonas comunes que les fueron asignadas desde el momento en que compraron los inmuebles.

El 3 de noviembre es la inspección ocular

La inspección de policía del Chicó anunció que obedeciendo las resoluciones 262 y 554, el día martes tres de noviembre adelantará la visita ocular con el fin de constatar si realmente los habitantes tienen la razón, o por el contrario, se autoriza derrumbar el muro que fue construido con ayuda del municipio y bajo el impulso y esfuerzo de los mismos copropietarios.

Los habitantes de la Urbanización San Carlos están alerta y dispuestos a defender el único patrimonio de seguridad con que cuentan: el muro de encerramiento, construido en 1995, y que ha evitado que 1.410 familias sean víctimas de ladrones y atracadores.

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