El anuncio fue realizado por la Federación Nacional de Departamentos -FND-, la Federación Colombiana de Municipios -FCM- y la Asociación de Empresas Sociales de Estado e IPS Públicas -ACESI-, pues advierten inconveniencias de medidas de ajuste fiscal en hospitales públicos.


Las tres entidades coincidieron en cuestionar la forma como el Gobierno Nacional ha propuesto enfrentar el problema de mejoramiento en el desempeño de los hospitales públicos del país. Califican la propuesta de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como inapropiada, por cuanto como solución, se obliga a los hospitales a aplicar reglas de ajuste fiscal, que se cuestionan en su finalidad, metodología y resultados esperados, ya que se pretende conseguir una solvencia financiera que conduce a provocar una insolvencia social de los hospitales públicos colombianos.

El análisis que hacen estas entidades considera como muy preocupante que el Gobierno Nacional plantee que ante la crítica situación de los hospitales públicos que la solución se reduzca a planes de saneamiento fiscal y financiero, como si la única causa de una deficiente gestión de los hospitales fuesen sus costos administrativos y operativos. Se desconocen el contexto de responsabilidad de otros actores del sistema en el ineficiente e insuficiente flujo de recursos que a diario pone a los hospitales en riesgo de supervivencia. La propuesta del gobierno es amenazar la red pública de hospitales con su fusión, liquidación, ó intervención.

En este panorama de ajuste, aparece como si la solvencia financiera de los hospitales públicos dependiera únicamente de su propia capacidad de cobro, sin considerar que la voluminosa deuda y las limitaciones de recaudo efectivo, dependen de manera importante tanto de las EPS como de las entidades que como la Superintendencia de Salud quienes son las encargadas de hacer cumplir la reglamentación vigente en materia de pagos a la red de hospitales. Para las entidades territoriales es inapropiado poner en marcha este tipo de solución basada únicamente en el ajuste fiscal y consideran su aplicación socialmente incorrecta, desde una perspectiva de garantía de acceso a servicios de salud para los colombianos.

La amenaza es de gran magnitud: son 540 hospitales públicos que se han convertido en objetivo de liquidación. Al menos en la mitad de estos hospitales aunque su facturación es rentable, su recaudo efectivo en el año 2012 no alcanza a cubrir sus compromisos de gasto, en promedio, de cada $ 100 pesos facturados, solo se recaudaron $ 61 pesos. Esto sin considerar la multiplicidad de limitaciones alrededor de los procesos contractuales de compra-venta de servicios, como ocurre por ejemplo con las irrisorias tarifas que se imponen para contratar los servicios en los niveles básicos de atención en hospitales públicos.

Por ello, los voceros de los entes territoriales y las ESE indicaron la inconveniencia de que el Gobierno Nacional, aplique a los hospitales el mismo programa de ajuste fiscal, que viene aplicando hace una década a las entidades territoriales, para que simplemente ajusten sus gastos a lo que recaudan por la venta de servicios, dado que irremediablemente esta solución pasa por el ajuste de la oferta de servicios de los hospitales a sus comunidades. No obstante, estos gremios consideran que no deja de ser positivo, que en aquellos casos en donde se identifiquen gastos excesivos o inapropiados, los mismos sean corregidos, contra ello no existe oposición alguna. Pero quieren dejar en claro que estas exigencias de ajuste son las apropiadas cuando la responsabilidad directa del desajuste es del propio hospital. No así, cuando la responsabilidad se encuentra en manos de terceros sobre los que no se tiene posibilidad de actuar, para poder comprometer resultados de gestión que están por fuera de su alcance. Estos terceros son tanto las EPS como la propia Supersalud.

Esta respuesta basada en reducción de servicios de salud o de acceso a los hospitales, no es una solución de fondo. Corresponde a la capacidad del Estado, garantizar que las EPS le paguen a los hospitales los servicios que se les prestan y la recuperación de la cartera que les adeudan. Por ello las tres entidades se preguntan ¿cuáles son las medidas efectivas al día de hoy, tomadas por las autoridades de control en salud del Gobierno Nacional, para que los deudores de la Red Pública Hospitalaria cancelen los más de $ 4 billones de pesos que les adeudan?.

Los curioso es que “Los municipios colombianos honraron sus deudas con el régimen subsidiado” ¿Porque no se ha obligado a las EPS a hacer lo mismo con la deuda que tienen con los hospitales?

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