Condenan a exfuncionarios de la Gobernación de Cundinamarca por pensionar falsos docentes
La condena se produjo por emitir documentos y certificados adulterados para ayudar a pensionar falsos docentes y en algunos casos que maestros nombrados recibieran montos superiores a los asignados.
Dice la investigación que entre 2.010 y 2.014 los funcionarios Luis Alberto Acuña Robayo y Fabián Alberto Moreno Jiménez trabajan para la Gobernación de Cundinamarca y durante este tiempo expidieron 1.607 documentos alterados para que particulares cobraran beneficios pensionales, o incluso para que algunos docentes se pensionaran con montos superiores a lo que ganaban.
De acuerdo a la Fiscalía, para soportar el fraude se creó la empresa C&C Abogados S.A.S con el fin de representar a los docentes. En esta, los abogados Carlos Ocho y Juan Carlos Solaque diseñaron diferentes formas para lograr desembolsos de la Unidad de Gestión de Parafiscales y Pensión (UGPP). Dice la investigación que les pagaban a los exfuncionarios de la Gobernación de Cundinamarca para que expidieran documentos falsos con nombres de supuestos docentes para hacer los trámites de la pensión, llegando a beneficiar a profesores que ni siquiera cumplían con los requisitos mínimos para acceder a este dinero.
Los exfuncionarios de la Gobernación, Luis Alberto Acuña Robayo y Fabián Alberto Moreno, recibían a través de correos electrónicos los nombres y datos de las personas que debían certificar. El objetivo era nombrarlos como profesores de la planta docente del departamento para lograr justificar desembolsos ante la UGPP, o que se les aumentara el salario.
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Los dos exfuncionarios alcanzaron a emitir 1.607 certificaciones falsas, para obtener beneficios pensionales como sobresueldos del 20%, pero a cambio recibieron coimas por $20 millones.
Ante las contundentes pruebas presentadas por la Fiscalía, los dos implicados aceptaron los cargos e hicieron un acuerdo con la Fiscalía para beneficiarse con rebaja de pena.
Así las cosas, Luis Alberto Acuña Robayo fue sentenciado a 6 años de prisión y Fabián Alberto Moreno Jiménez a 7 años. A ambos se les imputó los delitos de cohecho propio, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad de material en documento público.
Tanto Acuña como Moreno solicitaron cumplir la pena en su lugar de residencia, alegando que eran padres de familia, pero el juzgado negó la solicitud y fueron enviados a la cárcel.
Foto: referencia
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