Gobierno solicitó información a EEUU del Grupo Aval y Corficolombiana
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado realizó la solicitud del Grupo Aval en el marco de investigaciones por caso Odebrecht.
El pacto de procesamiento diferido, suscrito por Corficolombiana y el Grupo Aval con el Departamento de Justicia de EE. UU., surgió tras acusaciones de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), en el marco del caso Odebrecht.
Ambas compañías aceptaron el acuerdo, comprometiéndose a abonar una multa sustancial para zanjar las pesquisas. No obstante, esto acarrea implicaciones legales y reputacionales de gran magnitud.
Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, solicitó al canciller Álvaro Leyva obtener datos vía canales diplomáticos sobre las sentencias o sanciones emitidas por la SEC y el Departamento de Justicia de EE. UU. contra estas entidades. Este paso es crucial para evaluar si el Grupo Aval queda inhabilitado para contratación pública.
Determinar si el Grupo Aval puede contratar con el Estado debido a acusaciones de corrupción es un desafío legal y ético complejo. La Agencia de Defensa Jurídica debe evaluar si el pacto implica admisión de corrupción y si afecta la idoneidad del grupo para licitaciones. La dificultad radica en distinguir responsabilidad colectiva de individual y si la alta gerencia estaba al tanto.
Si se establece que el Grupo Aval queda inhabilitado, las consecuencias en contratos públicos de sus filiales serían drásticas. El grupo debería cederlos y reparar daños al Estado. Ejemplos, como el caso de la Unión Temporal Centros Poblados en TIC, muestran la gravedad.
La colaboración judicial entre Colombia y EE. UU. es vital para aclarar acusaciones y lograr conclusión justa. Cooperación entre SEC, FBI y autoridades colombianas es esencial para este proceso y aplicación de leyes adecuadas.
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