“¿Le daría a su hijo un vaso de esa agua?”: la dura advertencia de la CAR a curtidores de Cundinamarca
En una mesa de trabajo que terminó siendo una llamada de atención, la CAR confrontó a los curtidores de por su falta de avances en la reducción de vertimientos contaminantes al río Bogotá.
En un tono directo y sin rodeos, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ignacio Ballesteros, lanzó un duro llamado de atención a los curtidores de Villapinzón y Chocontá por el impacto ambiental que sus actividades siguen generando sobre el río Bogotá.
“¿Ustedes le darían a beber a uno de sus hijos un vaso del agua del efluente que sale de sus curtiembres?”, preguntó frente a decenas de asistentes, durante una mesa de trabajo convocada este miércoles para revisar los avances del sector en el cumplimiento de sus compromisos ambientales.
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El encuentro dejó en evidencia un problema que persiste pese al paso de los años: la falta de resultados concretos en el saneamiento del río, en especial en su tramo alto, donde nace la cuenca. Ballesteros lamentó que de las 110 empresas registradas en la zona solo 40 respondieran al llamado, y recordó que la CAR ha otorgado más de 50 permisos de vertimientos en los últimos 15 años “sin que se observe una mejoría real”.
“En mis recorridos recientes el río está igual o peor que hace quince años. Entonces me pregunto: ¿sirvió de algo otorgar 54 permisos, o solo se usan para evadir los controles y decir ‘somos legales’?”, cuestionó el director.
Comercio irregular y operativos de control
Durante la reunión, Ballesteros reveló que la CAR trabaja en conjunto con la Fiscalía General de la Nación tras detectar un comercio irregular de certificaciones de manejo de vertimientos. Según explicó, algunas curtiembres estarían adquiriendo estos documentos a través de empresas sin experiencia comprobada ni procesos adecuados, lo que pone en duda la legalidad y efectividad de los tratamientos que aseguran realizar.
A esto se suman los operativos de alto impacto adelantados por la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental con apoyo del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Policía. Estas acciones han permitido capturas, incautaciones y hasta procesos de extinción de dominio, aunque Ballesteros reconoció que los esfuerzos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del daño.
“La Corporación ha ofrecido programas de reconversión tecnológica, economía circular, producción más limpia y capacitaciones, pero sin voluntad de los empresarios no habrá resultados”, advirtió.
Una deuda ambiental y social histórica
La mesa de trabajo reunió a representantes de la Gobernación de Cundinamarca, diputados y autoridades locales, quienes coincidieron en que el problema ambiental de las curtiembres en esta zona es un conflicto histórico que ha trascendido gobiernos y administraciones.
Ballesteros insistió en la necesidad de que el gremio se organice y trabaje de manera colectiva para buscar soluciones duraderas, en lugar de actuar de forma aislada. “Hay once millones de personas que toman el agua de ese mismo río. No podemos seguir ignorando los efectos que el cromo, los taninos y los sulfuros tienen sobre la salud. Si no beberían esa agua ustedes, ¿por qué otros sí?”, cuestionó.
El director reiteró que la CAR mantiene disponible el predio para la construcción del parque industrial ordenado por la magistrada Nelly Yolanda Villamizar en la sentencia de 2014, aunque la decisión final depende del propio gremio curtidor. Invitó, además, a abrir espacios de diálogo con el Gobierno Nacional para definir una salida conjunta que permita avanzar hacia un modelo ambientalmente responsable.
Voluntad y firmeza
Mientras ese proceso se concreta, Ballesteros aseguró que la Corporación continuará ejerciendo control con “mano firme” y acompañará financieramente la puesta en marcha de una solución transitoria, siempre que cuente con los permisos correspondientes.
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“Estamos dispuestos a apoyar el proyecto económicamente, pero necesitamos que se reconozca que un colector o un sistema de tratamiento común es una obra de saneamiento ambiental, y que la norma no se convierta en un obstáculo”, concluyó el funcionario.
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