Industriales de Soacha alertan sobre instalación del Centro Transitorio para Adolescentes

Posted on 14 de abril de 2014 by Periodismo Público

Rechazo total a la intención del ICBF y el municipio de Soacha de instalar el Centro Transitorio para Adolescentes CETA en un predio ubicado al lado de una empresa que almacena elementos químicos, en plena zona industrial de Cazuca, manifestaron los empresarios asentados en este sector de la comuna cuatro.

Luego de varios intentos fallidos del municipio y el ICBF para trasladar el CETA del sitio donde funciona actualmente (Calle 12 entre carreras 8 y 9 del centro de la ciudad), ante la orden del Juzgado de Familia de Soacha, emitida el 30 de julio de 2013, nadie quiere tener de vecinos a los adolescentes infractores por los antecedentes que se han registrado en los lugares donde ha funcionado.

El 19 de octubre de 2013, el alcalde Juan Carlos Nemocón renunció a la idea de ubicar el Centro en el barrio San Luis luego de varias protestas de la comunidad de este sector de la comuna dos. Así las cosas, las autoridades prosiguieron en la búsqueda de un predio para trasladar a los menores, teniendo en cuenta que hay una tutela que ordena su reubicación.

Ese afán los llevó a ubicar un predio en la Transversal 6 No. 14-36, en pleno sector industrial de Cazuca. Sin embargo, ni el municipio ni el ICBF consultaron con los industriales, teniendo en cuenta que es una zona vulnerable a incendios y explosiones, y su acceso no es el más rápido por el pésimo estado de las vías de esta zona de la comuna cuatro.

Pero el municipio, que es quien paga el arriendo del CETA, alquiló el predio y mediante acuerdo con una constructora, comenzó su adecuación.

El 25 de febrero del presente año, el ICBF Cundinamarca dio viabilidad para el traslado del Centro al predio de Cazuca, pero en el mismo concepto asegura que por ahora “no es posible adelantar el traslado de los jóvenes, teniendo en cuenta que la Policía de Infancia y Adolescencia condiciona su traslado a la reubicación de las Defensorías de Familia del ICBF…”

Los empresarios de la zona, representados por la Asociación de Industriales de Cazuca AINCA, mediante su directora ejecutiva, Andrea Ramírez, empezaron la tarea de concientizar al ICBF y al municipio para que desistieran de la idea, debido a los riesgos que representa el sector, tanto para los mismos industriales como para los menores infractores.

Cartas, derechos de petición y hasta una tutela han sido las herramientas utilizadas para evitar que el CETA llegue al predio que ya el municipio arrendó, pero la respuesta de las autoridades no ha sido clara.

“Como la tutela se falló en contra nuestra, nos encontramos impugnando la respuesta porque la juez que tomó el caso inicialmente argumenta que no ve vulneración a los derechos humanos fundamentales ni al debido proceso, y nos parece preocupante teniendo en cuenta que acá manejamos químicos, agroquímicos, envasadores de gas propano, y en la misma manzana donde se piensa colocar el centro, tenemos dos plantas químicas y en cada una de ellas reposan tanques con 500 toneladas de disolventes”, aseguró la directora de AINCA Andrea Ramírez.

“Realmente sí sentimos que eso puede vulnerar la seguridad del sector. Como se sabe esta es una zona industrial y el riesgo es demasiado alto. Además nuestras vías de acceso no son las mejores y eso agrava la situación ante cualquier emergencia”, sostuvo María Elena Alvarado, directora de Gestión Humana de Preflex.

Lo que realmente preocupa a los industriales es la exposición tan alta ante cualquier intento de motín o conato de incendio que en segundos pasaría a emergencias de enormes proporciones, o aisladamente algún disparo por posibles fugas.

Para Yovanni Páez, Jefe de Salud Ocupacional de Preflex, la oposición de los industriales a la instalación del CETA no es sinónimo de rechazo a los menores infractores.

“Como empresa, que somos socialmente participativa, estamos de acuerdo con la reinserción, con el tratamiento y con todo lo que el gobierno pueda suministrarle a los adolescentes, sobre todo que es en una etapa muy crítica donde ellos definen su personalidad. Pero también es cierto que en esa redefinición de la personalidad no deben estar expuestos, ni exponer la integridad física al sector industrial, nosotros somos unas empresas que manejamos elementos químicos y muy volátiles, y en una posible refriega se pueden presentar conatos de incendio”, agregó Páez, quien aseguró además que “el vapor no respeta mallas, paredes, situación social ni nada; el gas y los vapores pasan, pueden llegar hasta cualquier punto y generar una conflagración”.

Otro aspecto es la ubicación de la casa donde se piensa instalar el Centro. “Está muy cerca a una empresa donde almacenan elementos químicos, y en caso de un incendio o explosión el afectado va ser todo el sector de Cazucá”, agregó.

Los industriales también argumentan que la zona no cuenta con una estación de bomberos para atender de inmediato cualquier emergencia, ni personal policivo que pueda reaccionar ante una asonada. “A eso sumémosle que tenemos afectaciones de vías que no están bien pavimentadas, entonces cualquier vehículo de emergencia que vaya a ingresar se encuentra con unas calles en muy mal estado. Somos conscientes como empresas de ayudar, es más, si el municipio lo solicita, podríamos estar buscando recursos para apoyar desde el nivel industrial, pero no en la aceptación de un reformatorio para adolescentes porque no es el ambiente adecuado”, puntualizó el Jefe de Preflex.

Uno de los aspectos que tiene molestos a los industriales es el descuido que a lo largo de los años ha tenido el municipio con este sector de la economía. “Lo que sabemos es que la Alcaldía sigue en curso con la idea, parece que no ha pensado en otro lugar para instalar el Centro para Adolescentes, lo cual hace que como industriales nos sintamos aún más atropellados de todo lo que nos ha venido pasando durante muchos años en este municipio, entonces seguiremos manifestándolo por escrito y por los medios que sea posible porque tenemos que poner de manifiesto el riesgo tan alto al que van a exponer, no solo a la industria, sino a los vecinos del sector”, replicó la directora ejecutiva de AINCA.

Ramírez aseguró además que hasta el momento ha sido imposible conseguir una cita con el alcalde Juan Carlos Nemocón para exponerle claramente la situación y explicarle el riesgo que implica continuar con la idea. Sin embargo, advirtió que si el municipio y el ICBF no los escuchan, tomarán medidas drásticas e interpondrán acciones contra la Alcaldía por exponer a los trabajadores y directivos de buena parte de las empresas del sector industrial de Cazuca.

Finalmente, este medio supo que un estudio reciente de seguridad realizado por la SIPOL no recomienda la instalación del CETA debido al peligro que representa el sector en diferentes aspectos. Así mismo, la Inspectora Quinta de Policía, Mónica Álvarez, aseguró que “esta área del municipio, por ser la zona industrial, es de alto riesgo y en cualquier momento se pueden presentar emergencias”.