Las cuentas claras
Como si la presión de
la administración municipal hacia contratistas y funcionarios no fuera
suficiente con las amenazas y aislamiento en algunos casos, ahora se suma la
“talanquera” que le están poniendo a las
cuentas de cobro de quienes no simpatizan con el candidato del gobierno a la alcaldía.
Lo delicado del asunto
es que los contratistas perjudicados transmiten la queja a este medio, pero no se atreven a decirlo públicamente por el temor a represalias. Sin
embargo es vox populi en la alcaldía y
cafeterías cercanas, pero no en las oficinas de los entes de control,
simplemente porque se desconfía de estos por los antecedentes que hay en casos
similares.
Varios contratistas mostraron a este medio cuentas de cobro
devueltas y reprogramadas, algunas de julio y otras de agosto. Y no es que sea
extraño hacerlo, porque ha pasado que
por errores cometidos a la hora de elaborarlas hay que devolverlas; hasta aquí
todo está bien. No obstante, coincidencia o no,
todos los que acudieron a poner la queja son simpatizantes de candidatos distintos al impulsado por la
representante Betty Zorro y la administración municipal.
Y aquí el tema no es hablar del candidato, porque él está
dedicado a hacer su campaña. Me atrevería a manifestar que son los que están detrás de él los que están cometiendo semejantes
atropellos.
En el editorial anterior se hizo una semblanza de la presión
que están recibiendo los contratistas que no apoyan al candidato de gobierno,
pero no se mencionó el tema de las cuentas de cobro porque ninguno reportó esta
anomalía para ese momento.
No es sano ni prudente que algunos secretarios de despacho actúen de esta forma poco ética,
simplemente por el hecho de que un contratista no apoye políticamente a quien
se orienta desde la administración. Es
entendible el juego de intereses que se maneja dentro de la alcaldía, pero
estamos en una democracia libre donde constitucionalmente todos podemos pensar
diferente, como lo estipula el artículo 20 de la carta magna, donde se
habla de la libertad de expresión y de pensamiento.
En el texto Filosofía y libertad de expresión en
Colombia: una aproximación, publicado por la Pontificia Universidad
Javeriana de Cali, la Libertad de
Expresión se define como “un derecho fundamental que profesa toda
persona cuando expresa sus ideas, sin importar si estas son filosóficas,
políticas o religiosas; se constituye en una de las bases de cualquier
democracia y está garantizada y respaldada por el apoyo de instituciones
internacionales como la ONU, y amparada en la Constitución Política en su
artículo 20. Como tal, se trata de en un derecho colectivo e individual que
está relacionado estrechamente con la libertad de opinar y de informar”.
No hay que tener doctorados o ser superdotados para entender
que estamos en un país y un municipio libre, donde todos podemos pensar y tener posturas diferentes, especialmente en el
tema político. Y no se trata, como dicen algunos, de favorecer a una
determinada campaña, no señores, estamos hablando de respeto por el otro, y más
si se tiene en cuenta que la época de la opresión ya pasó.
Deberían entender aquellos que pretenden manipular la mente de los otros y
cegar la libertad de pensamiento y expresión, que sólo con argumentos serios, sustentados, con resultados demostrables y con respeto,
quizá se pueda convencer a quienes piensan distinto. Pero también deberían tener claro que los chantajes, el amedrentamiento, la manipulación y hasta la
humillación no son propias de la democracia, y me resistiría a creer que fuera
filosofía de la actual administración.
Permitamos que cada quien piense a su manera y que el día de las elecciones su voto sea el resultado de un convencimiento personal y un conocimiento previo del candidato, pero no del fruto de presiones, amenazas y chantajes provenientes de personas que aún piensan que el poder es para humillar y maltratar.
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One thought on “Las cuentas claras”
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No solo ocurre en nuestro municipio. De un lado el constreñimiento al sufragante o la amenaza o presión a un contratista para que no pueda ejercer libremente su derecho al voto, para que vote por determinado candidato u opción utilizando presiones en el trabajo o condicionamiento de permanencia y de otro lado la indebida participación en política de servidores públicos para favorecer a un determinado candidato. Esta última conducta se puntualiza: (i) Por la utilización del cargo para participar en actos proselitistas o (ii) Por medio de presiones para que empleados de la administración “hagan caso” al instructivo. Se ha escuchado y para nadie es un secreto que, para ingresar a la Alcaldía y a cualquiera de sus dependencias por medio de contrato de prestación de servicios se “requiere” una palanca política y luego de ingresar o “se vende el alma al diablo” o se mantiene la libertad de conciencia y actuar. La decisión está en cada quien. Para el caso, se ha acentuado estas conductas que son disciplinables en esta campaña bajo diversos métodos. Uno de ellos, la devolución de las cuentas de cobro. Ya la Procuraduría General de la Nación se ha hecho cargo de la investigación respectiva, pero, como siempre, los resultados los veremos al finalizar el 2020 o 2021 o 2022 cuando haya perdido sentido y eficacia estas “exhaustivas” pesquisas. En estas condiciones, el “asesor” y los tres “secretarios de Despacho” sobre los que recaen estas quejas, seguirán “campantes y rampantes” haciendo de las suyas con la ESPERANZA que, esta administración acompañada de la señora Zorro y su co-equipero, continúe hasta el 2023 cuando el equipo gana-gana volverá a imponer candidato.