Como si la presión de la administración municipal hacia contratistas y funcionarios no fuera suficiente con las amenazas y aislamiento en algunos casos, ahora se suma la “talanquera” que  le están poniendo a las cuentas de cobro de quienes no simpatizan con el candidato del gobierno a la alcaldía.

Lo delicado del asunto  es que los contratistas perjudicados transmiten  la queja  a este  medio, pero no se atreven a decirlo públicamente por el temor a represalias. Sin embargo es vox populi  en la alcaldía y cafeterías cercanas, pero no en las oficinas de los entes de control, simplemente porque se desconfía de estos por los antecedentes que hay en casos similares.

Varios contratistas mostraron a este medio cuentas de cobro devueltas y reprogramadas, algunas de julio y otras de agosto. Y no es que sea extraño hacerlo, porque ha pasado  que por errores cometidos a la hora de elaborarlas hay que devolverlas; hasta aquí todo está bien. No obstante, coincidencia o no,  todos los que acudieron a poner la queja son simpatizantes de candidatos distintos al impulsado por la representante Betty Zorro y la administración municipal.

Y aquí el tema no es hablar del candidato, porque él está dedicado a hacer su campaña. Me atrevería a manifestar que son los que están detrás de él los que están cometiendo semejantes atropellos.

En el editorial anterior se hizo una semblanza de la presión que están recibiendo los contratistas que no apoyan al candidato de gobierno, pero no se mencionó el tema de las cuentas de cobro porque ninguno reportó esta anomalía para ese momento.

No es sano ni prudente que algunos secretarios de despacho actúen de esta forma poco ética, simplemente por el hecho de que un contratista no apoye políticamente a quien se orienta desde la administración. Es entendible el juego de intereses que se maneja dentro de la alcaldía, pero estamos en una democracia libre donde constitucionalmente todos podemos pensar diferente, como lo estipula  el artículo 20 de la carta magna, donde se habla de la  libertad de expresión y de pensamiento.

 En el texto Filosofía y libertad de expresión en Colombia: una aproximación, publicado por la Pontificia Universidad Javeriana de  Cali, la Libertad de Expresión se define  como “un derecho fundamental que profesa toda persona cuando expresa sus ideas, sin importar si estas son filosóficas, políticas o religiosas; se constituye en una de las bases de cualquier democracia y está garantizada y respaldada por el apoyo de instituciones internacionales como la ONU, y amparada en la Constitución Política en su artículo 20. Como tal, se trata de en un derecho colectivo e individual que está relacionado estrechamente con la libertad de opinar y de informar”.

No hay que tener doctorados o ser superdotados para entender que estamos en un país y un municipio libre, donde todos podemos pensar y tener posturas diferentes, especialmente en el tema político. Y no se trata, como dicen algunos, de favorecer a una determinada campaña, no señores, estamos hablando de respeto por el otro, y más si se tiene en cuenta que la época de la opresión ya pasó.

Deberían entender aquellos que  pretenden manipular la mente de los otros y cegar la libertad de pensamiento y expresión, que sólo con argumentos serios, sustentados,  con resultados demostrables y con respeto, quizá se pueda convencer a quienes piensan distinto. Pero también deberían  tener claro que los chantajes, el amedrentamiento, la manipulación y hasta la humillación no son propias de la democracia, y me resistiría a creer que fuera filosofía de la actual administración.

Permitamos que cada quien piense a su manera y que el día de las elecciones su voto sea el  resultado de un convencimiento personal y un conocimiento previo del candidato, pero no del fruto de presiones, amenazas y chantajes provenientes de personas que aún piensan que el poder es para humillar y maltratar.