Suspenden una de las votaciones claves para el Consejo Directivo de la CAR
Una serie de inconsistencias fue la que se descubrió en la
CAR, una entidad que maneja cerca de 900
mil millones de pesos y que por estos días busca elegir nuevo director. Irregularidades
como ciudadanos que hacen parte de hasta 100 entidades diferentes y proyectos
de protección al medioambiente que se limitan al pago de cuñas en dos emisoras, son algunos de los hallazgos.
El asunto es relevante porque de este órgano dependen
decisiones claves para Bogotá y la región. El Consejo es responsable de la elección
del director de la CAR, la aprobación del presupuesto (que este año es de, al
menos, 894.000 millones de pesos) y dar
el visto bueno al director para que otorgue licencias, concesiones, permisos y
autorizaciones en proyectos ambientales y de su competencia.
Como si fuera poco, de
la CAR dependen las concertaciones ambientales de los Planes de Ordenamiento Territorial
de su jurisdicción.
De ahí que las actuales elecciones estén bajo la mira de la Procuraduría, la propia CAR y las
partes interesadas.
En este momento, los protagonistas del enredo son las entidades sin ánimo de lucro que se
presentaron para votar por dos de los consejeros.
Las entidades que aspiran a tener ese voto, en teoría,
deberían cumplir con reglas, según el Decreto 606 de 2006, como: tener un
certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio y
tener como objeto principal la protección del medioambiente, llevar al menos 4
años de constitución y certificar que ejecutaron al menos tres “proyectos o
actividades en protección del medioambiente” en los últimos tres años.
A la CAR llegaron 488
documentaciones radicadas de potenciales interesados. Y la misma
Corporación, con apoyo de varias entidades, revisó las postulaciones. Entonces,
comenzaron los problemas.
“Se encontraron hechos que no se ajustan a los parámetros
normativos, ni de la sana lógica, lo cual ha generado la remisión de sendos
oficios tanto a Confecámaras como a la Fiscalía General de la Nación”, dicta el
informe oficial.
Los hallazgos
Hay dos elementos que llaman la atención en este documento
disponible en la página web de la CAR: primero, hay ciudadanos que hacen parte de hasta 100 entidades diferentes y,
segundo, los proyectos de protección al medioambiente se limitan al pago de cuñas en dos emisoras.
En el primer caso, sale a relucir el nombre de María Fernanda Reyes Barahona, una
joven economista. Su nombre aparece en
las juntas directivas de 171 entidades sin ánimo de lucro. También se
destaca el nombre de David Stivel Reyes
Barahona, quien aparece mencionado en 68 entidades. A su vez, los nombres
de Yherson Daniel Herrera Fuentes y Floralba Roa se repiten en decenas de
casos.
De otro lado, María
Fernanda Jaramillo Linares aparece en 15 entidades. Lo interesante es que
ella es esposa de Iván Garzón, miembro
del Consejo Directivo en representación de entidades sin ánimo de lucro. Él es
uno de los candidatos habilitados actualmente para hacerse al cargo.
Jaramillo Linares envió una carta a la institución y, según
fuentes de la CAR consultadas, se defendió diciendo que su nombre había sido
incorporado en las juntas administrativas de distintas entidades sin su
autorización.
Por lo pronto, y según el informe, Iván Garzón sigue siendo un candidato habilitado para reelegirse en
su puesto del Consejo Directivo.
Ahora, otro elemento que llama la atención son las
actividades de protección al medioambiente que pasaron los postulados. Más de
250 entidades, en documentos prácticamente idénticos, citan el “pago de cuñas
radiales que invitan a la protección del medioambiente” por el valor de 11.000
pesos a las emisoras Guasca Stereo y
Radio Panamericana.
Una de las emisoras confirmó que fue contactada por Marisol
Linares Bejarano, madre de María Fernanda Jaramillo Linares (quien aparecía en
los nombres de 15 entidades) y, por tanto, suegra de Iván Garzón. Además
aparece como asesora del equipo directivo de la CAR.
Marisol Linares se defendió y aseguró que eran válidas como
la actividad ambiental que exige la norma para ser postulante a elector de los
puestos directivos de la CAR. “La radio nos ha brindado ese servicio, que se
paga. Cada organización tenía que entregar las cuñas, lo cual se hizo. No
pueden decir que se entregaron masivamente certificaciones, cuando las emisoras
prestaron un servicio formalmente y debidamente contratado”, dijo Linares. “Si
ustedes oyen las cuñas, allí mismo se está invitando a la protección de los
recursos y del medioambiente”, agregó.
A pesar de que la CAR
está al tanto del tema y solo habilitó a 191 entidades sin ánimo de lucro y
dejó por fuera del proceso a casi 300, el drama no acaba ahí. Otras
organizaciones le han hecho llegar a EL TIEMPO evidencias de que aún hay
entidades en el proceso con serias irregularidades.
Los otros informes
Se conoció otro
informe elaborado por la Fundación Alma, una de las entidades habilitadas para
votar.
El documento, que resulta en un recurso de impugnación,
asegura que “no se incluyeron las irregularidades de al menos 65 organizaciones
que incurrieron en las mismas fallas por las cuales la Comisión Evaluadora
excluyó a otras”.
En efecto, en este informe también aparecen ciudadanos que
hacen parte de hasta 5 ONG. Y, además de los certificados de actividades
ambientales expedidos por otros medios de comunicación de la región, se detectó
que hay certificados firmados por droguerías, carnicerías, peluquerías y otros
negocios varios que son, en su mayoría, de
Pacho, Cundinamarca.
Este informe, incluso, señala a los dos actuales miembros
del Consejo Directivo de la CAR que, dice, se estarían beneficiando de esas
dinámicas.
“Es claro que estas organizaciones han votado en anteriores
elecciones y son parte de la estructura organizativa de los actuales consejeros
Andrés Iván Garzón y Alejandro Motta”, reza el documento, firmado por Aura
Silva, representante de la Fundación Alma.
Pero, ante este tipo de hallazgos, el propio Alejandro Motta
dijo sentirse “sorprendido”. “No es bien
visto ni tradicional, ni se entiende por qué se crearon esa cantidad de
organizaciones. No puede ser que una
persona cree 250 organizaciones y que en una misma época salgan y las
inscriban. La pregunta es: ¿qué buscan?”, dijo Motta.
Alegría Fonseca, directora de la Fundación Alma y reconocida
ambientalista, aseguró que el proceso “está lleno de entidades de papel que no
cumplen requisitos y no juegan ningún rol ambiental. Somos minoría quienes sí
trabajamos por esa razón”.
El asunto no quedó en informes. La Asociación Ambiental Gaia
Esperanza, una de las inhabilitadas, interpuso
una tutela que falló a su favor y detuvo el proceso. La elección estaba
programada para el 10 de octubre, pero fue suspendida por la CAR, que acató la
decisión del juez.
Así, en este momento, es incierto el futuro del proceso por
el cual se elegirán dos de los puestos claves en temas de región y procesos
ambientales.
Fuente. eltiempo.com
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