Una serie de inconsistencias fue la que se descubrió en la CAR, una entidad que maneja  cerca de 900 mil millones de pesos y que por estos días busca elegir nuevo director. Irregularidades como ciudadanos que hacen parte de hasta 100 entidades diferentes y proyectos de protección al medioambiente que se limitan al pago de cuñas en dos emisoras, son algunos de los hallazgos.

El asunto es relevante porque de este órgano dependen decisiones claves para Bogotá y la región. El Consejo es responsable de la elección del director de la CAR, la aprobación del presupuesto (que este año es de, al menos, 894.000 millones de pesos) y dar el visto bueno al director para que otorgue licencias, concesiones, permisos y autorizaciones en proyectos ambientales y de su competencia.

Como si fuera poco, de la CAR dependen las concertaciones ambientales de los Planes de Ordenamiento Territorial de su jurisdicción.

De ahí que las actuales elecciones estén bajo la mira de la Procuraduría, la propia CAR y las partes interesadas.

En este momento, los protagonistas del enredo son las entidades sin ánimo de lucro que se presentaron para votar por dos de los consejeros.

Las entidades que aspiran a tener ese voto, en teoría, deberían cumplir con reglas, según el Decreto 606 de 2006, como: tener un certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio y tener como objeto principal la protección del medioambiente, llevar al menos 4 años de constitución y certificar que ejecutaron al menos tres “proyectos o actividades en protección del medioambiente” en los últimos tres años.

A la CAR llegaron 488 documentaciones radicadas de potenciales interesados. Y la misma Corporación, con apoyo de varias entidades, revisó las postulaciones. Entonces, comenzaron los problemas.

“Se encontraron hechos que no se ajustan a los parámetros normativos, ni de la sana lógica, lo cual ha generado la remisión de sendos oficios tanto a Confecámaras como a la Fiscalía General de la Nación”, dicta el informe oficial.

Los hallazgos

Hay dos elementos que llaman la atención en este documento disponible en la página web de la CAR: primero, hay ciudadanos que hacen parte de hasta 100 entidades diferentes y, segundo, los proyectos de protección al medioambiente se limitan al pago de cuñas en dos emisoras.

En el primer caso, sale a relucir el nombre de María Fernanda Reyes Barahona, una joven economista. Su nombre aparece en las juntas directivas de 171 entidades sin ánimo de lucro. También se destaca el nombre de David Stivel Reyes Barahona, quien aparece mencionado en 68 entidades. A su vez, los nombres de Yherson Daniel Herrera Fuentes y Floralba Roa se repiten en decenas de casos.

De otro lado, María Fernanda Jaramillo Linares aparece en 15 entidades. Lo interesante es que ella es esposa de Iván Garzón, miembro del Consejo Directivo en representación de entidades sin ánimo de lucro. Él es uno de los candidatos habilitados actualmente para hacerse al cargo.

Jaramillo Linares envió una carta a la institución y, según fuentes de la CAR consultadas, se defendió diciendo que su nombre había sido incorporado en las juntas administrativas de distintas entidades sin su autorización.

Por lo pronto, y según el informe, Iván Garzón sigue siendo un candidato habilitado para reelegirse en su puesto del Consejo Directivo.

Ahora, otro elemento que llama la atención son las actividades de protección al medioambiente que pasaron los postulados. Más de 250 entidades, en documentos prácticamente idénticos, citan el “pago de cuñas radiales que invitan a la protección del medioambiente” por el valor de 11.000 pesos a las emisoras Guasca Stereo y Radio Panamericana.

Una de las emisoras confirmó que fue contactada por Marisol Linares Bejarano, madre de María Fernanda Jaramillo Linares (quien aparecía en los nombres de 15 entidades) y, por tanto, suegra de Iván Garzón. Además aparece como asesora del equipo directivo de la CAR.

Marisol Linares se defendió y aseguró que eran válidas como la actividad ambiental que exige la norma para ser postulante a elector de los puestos directivos de la CAR. “La radio nos ha brindado ese servicio, que se paga. Cada organización tenía que entregar las cuñas, lo cual se hizo. No pueden decir que se entregaron masivamente certificaciones, cuando las emisoras prestaron un servicio formalmente y debidamente contratado”, dijo Linares. “Si ustedes oyen las cuñas, allí mismo se está invitando a la protección de los recursos y del medioambiente”, agregó.

A pesar de que la CAR está al tanto del tema y solo habilitó a 191 entidades sin ánimo de lucro y dejó por fuera del proceso a casi 300, el drama no acaba ahí. Otras organizaciones le han hecho llegar a EL TIEMPO evidencias de que aún hay entidades en el proceso con serias irregularidades.

Los otros informes

Se  conoció otro informe elaborado por la Fundación Alma, una de las entidades habilitadas para votar.

El documento, que resulta en un recurso de impugnación, asegura que “no se incluyeron las irregularidades de al menos 65 organizaciones que incurrieron en las mismas fallas por las cuales la Comisión Evaluadora excluyó a otras”.

En efecto, en este informe también aparecen ciudadanos que hacen parte de hasta 5 ONG. Y, además de los certificados de actividades ambientales expedidos por otros medios de comunicación de la región, se detectó que hay certificados firmados por droguerías, carnicerías, peluquerías y otros negocios varios que son, en su mayoría, de Pacho, Cundinamarca.

Este informe, incluso, señala a los dos actuales miembros del Consejo Directivo de la CAR que, dice, se estarían beneficiando de esas dinámicas.

“Es claro que estas organizaciones han votado en anteriores elecciones y son parte de la estructura organizativa de los actuales consejeros Andrés Iván Garzón y Alejandro Motta”, reza el documento, firmado por Aura Silva, representante de la Fundación Alma.

Pero, ante este tipo de hallazgos, el propio Alejandro Motta  dijo sentirse “sorprendido”. “No es bien visto ni tradicional, ni se entiende por qué se crearon esa cantidad de organizaciones. No puede ser que una persona cree 250 organizaciones y que en una misma época salgan y las inscriban. La pregunta es: ¿qué buscan?”, dijo Motta.

Alegría Fonseca, directora de la Fundación Alma y reconocida ambientalista,  aseguró que el proceso “está lleno de entidades de papel que no cumplen requisitos y no juegan ningún rol ambiental. Somos minoría quienes sí trabajamos por esa razón”.

El asunto no quedó en informes. La Asociación Ambiental Gaia Esperanza, una de las inhabilitadas, interpuso una tutela que falló a su favor y detuvo el proceso. La elección estaba programada para el 10 de octubre, pero fue suspendida por la CAR, que acató la decisión del juez.

Así, en este momento, es incierto el futuro del proceso por el cual se elegirán dos de los puestos claves en temas de región y procesos ambientales.

Fuente. eltiempo.com