Vicepresidenta pide investigar a juez de Soacha que justificó violencia contra una mujer
El juez de familia de Soacha insinuó en una audiencia que una mujer de 40 años recibía maltrató a manos de su pareja por haber incumplido sus «deberes de madre y esposa».
La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, y la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo Santos, solicitaron investigar disciplinariamente a un juez de familia en Soacha por presuntas irregularidades en el interrogatorio a una mujer víctima de violencia intrafamiliar durante 40 años, a quien el jurista habría señalado de motivar las agresiones.
En carta enviada a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, las altas funcionarias sostienen que el juez Gilberto Vargas Hernández, durante la audiencia del pasado 27 de agosto, habría incurrido en una revictimización e incumplido los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las mujeres.
“El juez de la causa, desconociendo las piezas procesales que integraban el expediente, especialmente las investigaciones que por violencia intrafamiliar se adelantan ante la jurisdicción penal, realizó un interrogatorio que puede ser considerado contrario a los derechos y dignidad de la mujer víctima, al cuestionar la veracidad de las afirmaciones de la mujer por el hecho de permanecer con su pareja pese al maltrato y señalando además que ella habría motivado la violencia al incumplir sus ‘deberes como madre y esposa’”, afirma la misiva.
En este sentido, agrega: “¡Señores Magistrados, solicito de manera respetuosa investigar la posible actuación irregular de este Juez de la República a la luz de la normatividad disciplinaria vigente, Constitución Nacional y Ley 1257 de 2008!”.
Así mismo, la vicepresidenta y canciller aludió “al derecho que tienen las mujeres a una justicia efectiva y con enfoque de género que reconozca las desigualdades, discriminación y violencia histórica que ellas enfrentan por el hecho de serlo y el deber de los Estados de remover las barreras o estereotipos que se presenten en el sistema judicial, fundamentalmente, las obligaciones que surgen de la Recomendación General Nº 33 de la Convención CEDAW”.
La carta subraya que la abogada de la víctima, Lizeth Guzmán, peticionó al juez dar aplicación al enfoque de género, por tratarse de una violencia en una relación de pareja motivada por el hecho de ser mujer, pero que el funcionario judicial habría pasado por alto esta solicitud y, por el contrario, habría calificado la intervención de la defensa, como una “forma traicionera de dilatar el proceso”.
Incluso, por estos hechos, se interpuso acción de tutela solicitando el cambio de Juez, acción que está siendo adelantada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.
“Por lo expuesto, la actuación del Juez de la República podría constituir faltas disciplinarias sancionadas por la ley, por la posible parcialidad mostrada en la audiencia”, acota la comunicación oficial.
Siga a Periodismo Público en Google News.
Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp
