Aunque la Fiscalía General y la Procuraduría iniciaron en abril pasado una minuciosa revisión al polémico contrato adjudicado por la Alcaldía de Soacha para construir el nuevo hospital en el sector de Terreros, diez meses después no se conocen resultados de dicha investigación. Sin embargo es claro que la adjudicación se hizo en el gobierno de Juan Carlos Nemocón, siendo secretaria de salud, Nathaly Sierra Peñuela.


En un dudoso proceso licitatorio que duró tan solo cinco días, la Alcaldía de Soacha adjudicó el 31 de diciembre de 2014 la construcción del nuevo hospital, el cual terminó en manos de un consorcio que aparentemente no cumplía con la experiencia requerida.

El escándalo se suscitó específicamente por dos factores: el primero porque el proceso licitatorio se hizo en plenas festividades de fin de año y duró tan sólo cinco días hábiles (entre el 15 y el 22 de diciembre del 2014) y su adjudicación se hizo el 31 de diciembre al Consorcio CB 2014. El segundo factor es que sólo se presentó un proponente, el cual resultó ganador, pero con el agravante que goza de poca reputación y credibilidad debido a que una de sus firmas habría presentado como parte de su equipo, a profesionales de ingeniería y arquitectura que no tienen ninguna relación laboral con la empresa.

La responsabilidad de este escándalo recae directamente en el exalcalde Juan Carlos Nemocón debido a que en agosto de 2014 el mandatario retomó de manera exclusiva la facultad que había delegado en sus secretarios para celebrar contratos y el 16 de octubre siguiente se publicó el aviso de convocatoria a una licitación que debió terminar el primero de diciembre del mismo año. No obstante hay que tener en cuenta, entre otros, los nombres de Nathaly Sierra Peñuela, secretaria de salud de la época, y el de Dora Vera como secretaria de Infraestructura en ese entonces.

Nadie se explica por qué se permitió que en plenas festividades decembrinas se abriera una licitación de semejante tamaño ($47.738´498.335), que se mantuviera abierta sólo cinco días hábiles, y más grave aún, que se adjudicara con sólo un proponente.

Al consorcio ganador, conformado por Cabar Construcciones S.A.S y Construcciones Benavides Ingenieros Contratistas, se le critica que sus firmas presentan irregularidades y falta de experiencia. En un informe presentado por Caracol Radio el 3 de abril de 2015, se asegura que detrás del contrato figuran los nombres de algunos de los procesados por el más grande escándalo de corrupción en Bogotá.

Según el mismo informe, a la firma Cabar Construcciones S.A.S., de propiedad de Luis Jorge Castellanos, le fueron reconocidos contratos que no ejecutó y que en realidad fueron obras hechas por la Constructora Castell Camel, una empresa de su familia a la que él perteneció hasta el año 2011.

En los registros de la Cámara de Comercio sólo le figura un contrato de 2011 con la alcaldía de Zipaquirá. Sin embargo dentro de la licitación le fueron reconocidos como suyos contratos con el Seguro del año 1998, con las Gobernaciones de Cundinamarca en 1999 y de Arauca en 2005, con la Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Militares en 2007 y con la Agencia logística de la FF.MM en 2010.

La Ley establece que el socio que se aparta de una empresa y constituye una nueva, puede el año siguiente certificar la experiencia con su trabajo anterior, pero solo en el porcentaje que era dueño.

El nombre de Luis Jorge Castellanos figura dentro de un proceso de responsabilidad fiscal que la Contraloría de Bogotá abrió por el detrimento que le causó a la ciudad el incumplimiento del contrato de construcción del CAMI de Chapinero, donde el anticipo de más de $145 millones de pesos fue utilizado para pagar insumos que no tenían que ver con la obra.

La otra firma que conforma el Consorcio es Construcciones Benavides Ingenieros Contratistas, de propiedad de José Guillermo Benavides, compadre de Julio Gómez, el contratista condenado a 10 años por el carrusel de la contratación de Bogotá.

Esta firma nació el 15 de abril de 2002 con un capital de $580 millones y tuvo sus mejores ingresos en 2009, cuando reportó más de $21.900 millones de pesos. Ha tenido contratos con la Secretaría de Integración Social, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, el IDU, el IDRD, Invías, Mindefensa, Mineducación, el Fondo Rotatorio de la Policía, la Caja de Vivienda Popular, entre otros.

La otra dueña de la empresa es Yasmín Rusinque Forero, madre de Iván Alirio Ramírez Rusinque, quien trabajó en junio de 2013 en la secretaría General de la alcaldía de Soacha y hasta febrero de 2015 en la secretaría de Educación de Bogotá, donde fue desvinculado luego de que quedara al descubierto que pese a trabajar en la división de Contratos, no hizo público el interés de su padrastro de participar en la licitación de tres megacolegios.

Otro elemento del escándalo es que aparentemente una de las firmas que integran el consorcio ganador se presentó con empleados falsos. El diario El Tiempo, en su edición del 25 de marzo de 2015, aseguró que el ingeniero Leslie José Quintero Picón denunció ante la Personería y la Procuraduría, al ver que en la presentación de la propuesta la empresa Construcciones Benavides Ltda., que tiene 20 por ciento de la participación del consorcio, utilizó su nombre, cédula y matrícula profesional en un documento anexo adjunto en el Portal Único de Contratación (Secop).

Según documentos que conoció el mismo diario El Tiempo, Quintero trabajó para la constructora Abril, en Bogotá, a comienzos del año pasado y firmó un contrato por prestación de servicios con el ingeniero Gustavo Adolfo Torres, de Manizales, para trabajar como director de obra en la construcción de la seccional del Instituto de Medicina Legal en Caldas. El contrato tiene fecha del 5 de agosto y, según él, terminó en diciembre, cuando regresó a la capital para continuar con los estudios de su maestría.

Estas son sus pruebas para demostrar que no estuvo ni está vinculado con la firma Benavides. Quintero cuenta con experiencia en la construcción de hospitales y centros de salud, perfil que requería la firma para cumplir con los pliegos de la polémica licitación, criticada por otras firmas interesadas en participar, pero que no lo hicieron por las específicas exigencias de los prepliegos.

Un aspecto que para algunos genera duda, es el hecho de que una de las firmas que conforma el consorcio ganador en Soacha, sea la misma que participó en la construcción del hospital María Auxiliadora del Municipio de Mosquera, cuando el esposo de la actual secretaria de salud de Soacha, Nathaly Sierra Peñuela, estaba vinculado a dicha entidad de salud.

Lo cierto es que, tanto la Fiscalía como la Procuraduría están al tanto del asunto y se encuentran investigando qué pasó exactamente con la adjudicación de la polémica licitación para la construcción del nuevo hospital de Soacha.