La Fiscalía presentó varias evidencias que podrían comprometer a Adriana Silva con la muerte de su esposo, el subintendente de la Policía Augusto Mieles quien fue asesinado el pasado 22 de julio en Soacha. La mujer pagaría 40 años de pena en caso de resultar culpable.


En el inicio de la investigación, las autoridades no sospechaban cuáles habrían sido las causas del homicidio del subintendente Augusto Mieles Quintero, miembro del Gaula, y del intendente Leonardo Carvajal Mesa, jefe de Derechos Humanos de la Policía de Soacha.

«Un grupo de investigadores de las más altas cualidades y capacidades lograron recopilar durante dos semanas información suficiente para poder judicializar y responsabilizar de manera directa toda una cadena de delincuentes. Cinco personas que han sido capturadas con acervo probatorio por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. Se logró la captura de dos sicarios, el intermediario, también de Fabián Alberto Fuentes alias el ‘Cenizo’, quien mantenía una relación sentimental con la esposa del uniformado y habría pagado dos millones de pesos por la acción de sicariato. También se captura a la señora Adriana Silva, esposa del subintendente Mieles», explicó el comantante de la Policía de Cundinamarca, Coronel Flavio Mesa.

Es importante resaltar que en la mañana de este jueves, las autoridades confirmaron que el asesinato iba dirigido a Mieles y sería su esposa, Adriana Silva Prada, quien presuntamente planeó los hechos, es decir, se trató de un crimen pasional. La Policía logra la captura de la mujer en la carrera 68 con avenida de las Américas.

Por su parte, el Teniente Coronel Gustavo Berdugo, comandante de la policía de Soacha, indicó: «En el lamentable hecho no sólo perdieron la vida dos uniformados de nuestra institución, la estabilidad del hijo de la pareja también fue afectada, pues el menor de nueve años de edad fue entregado al ICBF mientras se resuelve el caso».

En horas de la tarde, la Fiscalía General de la Nación señaló a Adriana Silva como responsable de los delitos de homicidio agravado en modalidad de sicariato bajo promesa remuneratoria y de porte ilegal de armas de uso privativo, delitos por los que podría pagar más de 40 años de prisión. Silva no aceptó ninguno de los cargos imputados, pero fue acogida con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras se adelanta el juicio en su contra.