A través de la Fanpage de Periodismo Público, algunos residentes del conjunto Alameda de Santa Ana, en Soacha, hicieron serios señalamientos en contra de la administradora del conjunto, Ana Cecilia Bucurú Huertas. En aras de la equidad informativa, este medio habló con ella y dos representantes del consejo, quienes con documentos en mano descartaron cada una de las acusaciones.

Uno de los puntos más álgidos es la deuda que sostienen con las empresas de servicio Codensa y Acueducto, que de acuerdo a la administradora, se ha agudizado a consecuencia de la pandemia y no se pudo hacer el debido recaudo.

En cuanto a este tema, la administradora aseguró que la mayoría de residentes son deudores morosos, y que uno de los voceros, el señor John Eliecer Palacios Guevara, ha convocado en varias oportunidades a los habitantes del conjunto para que no hagan el pago de la administración, incluso existen videos y un grupo de WhatsApp donde hacen llegar dichos comunicados.  

Otra de las afirmaciones que la administradora considera bastante delicada, es señalar que se han presentado secuestros en la copropiedad, al igual que los supuestos atracos que hacen a mujeres al interior del conjunto, ante lo cual asegura que no tiene conocimiento de ninguna denuncia ante la Fiscalía.

También hay que mencionar que los habitantes hicieron una denuncia frente a un caso de violación en las zonas comunes del conjunto, pero la administradora asegura que tiene conocimiento de un abuso al interior de una vivienda en el año 2019, y que ella mismo se encargó de hacer la denuncia en la Fiscalía.

La administradora y los representantes del consejo aseguran que han recibido amenazas, por lo que han debido solicitar medida de protección para ellos y sus familiares.    

Así mismo, la administradora cuenta que existía un embargo por 280 millones de pesos por la empresa de Vigilancia Saúl Limitada, un requerimiento que llegó ante un juzgado por una deuda de menor cuantía, que ya fue cancelada.

Con la otra empresa de vigilancia se encuentran en un proceso jurídico, donde se va a iniciar una demanda contra la copropiedad, debido a problemas de desorden público que se presentaron en la portería.

Otra de las declaraciones que hizo un sector de la comunidad hace referencia a que no existe consejo en el conjunto, sin embargo, como manifiesta la administradora, algunos miembros se han retirado, entre ellos la presidenta, por las diferentes situaciones que se venían presentando al interior de la urbanización.

La administradora también mencionó el posible desvió de 200 millones de pesos, del cual es acusada, y donde al parecer se extraviaron 53 millones de pesos. Ella misma se pregunta por qué el señor John Eliecer Palacios Guevara, presidente de la Asamblea en ese entonces, hizo la aprobación de estados financieros, aun teniendo conocimiento de dicho desfalco, y donde existen registros del presupuesto del año 2018.

Otro tema al que se refirió la señora Ana Cecilia fue el relacionado con el vandalismo que sufren carros y motos; ella manifiesta que la comunidad misma ha presenciado gatos y perros que se meten en las carpas y que ocasionan diferentes daños. Ante ello, se radicó un derecho de petición para validar si había una entidad que pudiese hacerse cargo de los animales y se encuentran a la espera de una respuesta.

La administradora aseguró también que ha recibido cerca de 100 derechos de petición, y que no les ha dado respuesta a todos en las fechas contempladas, principalmente porque las personas informan que no les sirve las respuestas que reciben y acceden a radicar una tutela.

De igual manera, afirmó que ellos sí han contado con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por la Secretaría de salud, y con los certificados expedidos por una ingeniera. En cuanto al retiro de los extintores de los pasillos, aseguró que se hizo teniendo en cuenta que cuando se llevaba a cabo un partido de fútbol relevante, las personas a raíz de la euforia y la emoción, hacían uso equivocado de estos. 

Por último, ante las declaraciones de los habitantes en contra de la administradora donde manifiestan que tiene orden de captura por hurtos agravados, ella misma asegura que se presentó ante el Gaula de forma voluntaria con el señor Oscar Nicolás Castellanos, donde le informaron que no cuenta con antecedentes de ningún tipo.  

Es oportuno mencionar que tanto la administradora como los representantes al consejo mostraron a este medio diferentes documentos y soportes que contrarrestan las diferentes denuncias que hizo un sector de la comunidad, documentos que no se muestran al público por respeto a la confidencialidad.

Aquí la entrevista completa: https://archive.org/embed/ana-cecilia