La juez 30 de Control de Garantías ordenó hoy  sábado la libertad  del expresidente Álvaro Uribe Vélez tras dos meses de prisión domiciliaria ordenada por la Corte Suprema de Justicia, en el caso de presunto soborno y manipulación de testigos.

La juez Clara Ximena Salcedo dijo  durante su intervención que evaluó si había las mismas garantías constitucionales entre imputación e indagatoria, bajo la ley 906 de 2004 y la conclusión a la que llegó es que sí.

Consideró que falta compatibilidad entre la Ley 600, que rige los procesos en la Corte Suprema, y la Ley 906 para la justicia ordinaria, pues existen diferencias entre la indagatoria y la formulación de imputación de cargos.

Aseguró la juez que la formulación de imputación de cargos, el cual debe ser realizado por el ente investigador, brinda la posibilidad a la defensa del sindicado de tener acceso ‘claro’ y ‘preciso’ sobre los hechos que están siendo indagados por la Fiscalía. “Sólo a partir del conocimiento de esos hechos puede darse una contradicción sobre lo que conoce la defensa del imputado”.

Así mismo la funcionaria judicial aclaró que en cuanto a la etapa en la que debe seguir el proceso,  la decisión no será adoptada en esta audiencia, ya que la finalidad de la misma era determinar si la detención domiciliaria que pesaba contra el también ex presidente debía mantenerse.

Al conocerse la noticia sobre la libertad de Uribe, la defensa debe solicitar una nueva audiencia para definir el futuro del proceso judicial, para que la juez de garantías asignada tome una decisión.

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