Amenazas y cobros a transportadores en Soacha: tres personas fueron judicializadas
La Fiscalía investiga a una mujer y dos adolescentes por presunta extorsión por pagos semanales de hasta $50.000 a 20 conductores de transporte público en Soacha, bajo amenazas contra sus vidas.
Trabajar al volante se habría convertido en una preocupación para 20 conductores de transporte público en Soacha, quienes, según la Fiscalía, recibían amenazas y exigencias de dinero para poder seguir trabajando. Por este caso, una mujer fue enviada a prisión y dos adolescentes deberán permanecer en internamiento preventivo mientras avanza la investigación.
Una mujer y dos adolescentes de 16 años fueron judicializados por su presunta participación en un caso de extorsión contra conductores de transporte público en Soacha, Cundinamarca. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las víctimas recibían amenazas y debían entregar dinero semanalmente para evitar posibles ataques contra sus vidas.
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Los hechos investigados habrían ocurrido durante los últimos dos meses en el paradero de una ruta que presta servicio a diferentes barrios del municipio. Allí, los señalados presuntamente abordaban a los conductores y obtenían los números de teléfono de otros trabajadores que cubrían el mismo recorrido.
Después, las víctimas comenzaban a recibir llamadas en las que personas que decían pertenecer a una organización criminal les exigían pagos por cada vehículo. Las cuotas, según la investigación, oscilaban entre $22.000 y $50.000 semanales.
Los sorprendieron cuando recibían $300.000
La investigación avanzó hasta que la Policía capturó a la mujer y aprehendió a los dos adolescentes, quienes presuntamente fueron sorprendidos en el momento en que recibían $300.000.
Según los elementos recopilados por la Fiscalía, uno de los menores habría cumplido la función de vigilar a los transportadores y controlar la entrega del dinero. Las autoridades investigan la posible participación de los tres en las exigencias económicas dirigidas a los 20 conductores afectados.
El caso quedó en manos de la Fiscalía Seccional Cundinamarca, que les imputó el delito de extorsión agravada. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
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Como medida preventiva, la mujer fue enviada a un centro carcelario, mientras que los dos adolescentes deberán permanecer en internamiento preventivo. Estas decisiones se toman mientras continúa el proceso judicial y no constituyen una condena.
La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjeron las amenazas y las exigencias de dinero, así como la responsabilidad de cada uno de los señalados en los hechos denunciados por los conductores de transporte público en Soacha.
Foto: Fiscalía
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