¿Apoya usted a Epa Colombia? Sí o no
#Opinión. Desde la cárcel del Buen Pastor, la influencer Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, cumple una condena de cinco años. Una sentencia que no solo la mantiene tras las rejas, sino que también se ha convertido en un castigo mediático.
De la polémica al emprendimiento
Epa Colombia despierta amores y odios. Para muchos, es un ejemplo de superación y emprendimiento. Su marca de keratinas revolucionó el mercado de la belleza en Colombia y en 2024 anunciaba con orgullo la apertura de su sexto centro de keratinas, generando más de 400 empleos directos y 600 indirectos. Además, su faceta solidaria se ha reflejado en acciones como el apoyo a vendedores ambulantes, donación de ropa y alimentos a habitantes de calle, entrega de mercados y pañales a madres en situación de vulnerabilidad.
Para otros, sigue siendo la joven del estallido social de 2019, recordada por los actos de vandalismo contra TransMilenio. Como consecuencia, se le prohibió el uso de las redes sociales y de cualquier participación en manifestaciones públicas. Hoy enfrenta una condena que no solo implica prisión, sino también una multa de 493 SMLV del 2019, lo que podría traducirse en 1.200 millones de pesos destinados a la reparación de TransMilenio.
¿Cuál debería ser la verdadera reparación?
Más allá del castigo económico y la prisión, ¿no sería más justo un enfoque basado en el servicio social, campañas de bien público o trabajo comunitario? ¿Es proporcional su condena en comparación con otras figuras que han causado daño sistemático a la ciudad sin enfrentar consecuencias similares?
«La justicia no siempre mide con la misma vara». Su caso ha generado un debate nacional, al punto de que el presidente Gustavo Petro pidió a la ministra de Justicia que se le permitiera salir a lactar a su hija. Sin embargo, la medida no prosperó, pues la decisión final recae en un juez.
Incluso dentro del tribunal que falló en su contra hubo posturas divididas. La magistrada Myriam Ávila Roldán sostuvo que los hechos de Daneidy Barrera constituían un «daño al bien ajeno» y no terrorismo, ya que sus acciones no generaron terror ni pánico en la población. A pesar de ello, la sentencia se mantuvo, reavivando el debate sobre la proporcionalidad de las penas y el trato judicial hacia figuras públicas.
Doble moral y justicia selectiva
Amo y quiero a Bogotá. Pero me pregunto: en la balanza de quienes han causado daño a nuestra capital sin ninguna reparación ni justicia, ¿es terrorismo golpear con un martillo una infraestructura?
¿Pesa más el acto de una influenciadora que las prácticas corruptas de contratistas que año tras año y en anteriores administraciones han desviado recursos públicos destinados a obras esenciales?
Pienso en el carrusel de la contratación durante el gobierno de Samuel Moreno, un escándalo que afectó gravemente a Bogotá o en proyectos con retrasos injustificables como el deprimido de la Calle 72, finalmente entregado el 17 de febrero del 2025 por la administración del alcalde Galán, quien asumió el reto de destrabar obras que la ciudad llevaba años esperando.
Aclaro que no justifico de ninguna manera lo ocurrido con Epa Colombia, pero invito a la reflexión sobre las verdaderas prioridades cuando hablamos de justicia y responsabilidad en nuestra ciudad.
¿Y la justicia restaurativa?
Para entender mejor el caso de Epa Colombia, consulté a Juan José Castro, reconocido abogado especialista y creador del podcast Vamos pa’ eso. En nuestra conversación, abordamos varias inquietudes clave:
¿Las penas impuestas a figuras públicas realmente buscan hacer justicia o terminan siendo medidas ejemplarizantes para enviar un mensaje a la sociedad?
Según Castro, las penas impuestas a cualquier persona deben seguir criterios definidos en la ley. La justicia penal tiene diferentes enfoques, entre ellos la justicia retributiva, que busca imponer una sanción proporcional al delito. El criterio de ejemplaridad suele asociarse con sanciones severas, pero su aplicación depende de circunstancias específicas de mayor o menor punibilidad establecidas en el proceso judicial.
Si el sistema judicial colombiano promueve la justicia restaurativa, ¿por qué no se ha tenido en cuenta el cambio de conducta demostrado por Epa Colombia desde que ocurrieron los hechos?
Castro explica que la justicia restaurativa solo permite la eliminación de la pena en ciertos delitos. En el caso de Epa Colombia, los delitos por los que fue condenada no permiten este beneficio.
¿Qué estrategia jurídica recomendaría para garantizar una decisión justa que equilibre el castigo proporcional con los principios de la justicia restaurativa?
Juan José determina que la sentencia de Epa Colombia es legal bajo el marco normativo actual. Para aplicar criterios restaurativos en este tipo de casos, sería necesario reformar la legislación penal.
Además, Francisco Bernate, abogado de Daneidy Barrera y reconocido jurista en asuntos económicos y de administración pública, ha enfatizado en diversos medios que la condena ignoró factores determinantes como el nacimiento de su hija, su proceso de transformación y su impacto en la economía al generar empleo para más de 400 personas.
Dos factores clave en su caso
Su impacto laboral: Más de 400 empleados dependen de su imagen y de su empresa para sostener a sus familias. Daneidy es el rostro de su marca y desempeña un papel clave en su operación, desde el marketing hasta la capacitación del equipo.
Su hija, Daphne Samara: La estrategia de Bernate se centra en reconocer a Daneidy como madre cabeza de familia y exigir el cumplimiento del decreto que le permitiría salir a lactar, un derecho que hasta ahora le ha sido negado.
En una reciente entrevista con Johanna Bahamón, a través de la Fundación Acción Interna, que ha trabajado por brindar segundas oportunidades a mujeres reclusas, Epa Colombia enfatizó que no quiere que su hija crezca en el Buen Pastor, pues considera que no es un ambiente adecuado. En su lugar, busca desarrollar proyectos de capacitación en belleza, spa, cocina y carpintería para reclusas, una iniciativa que ya ha impulsado y con la que ha empleado a más de 150 mujeres.
Ahora se ha inscrito a la Universidad Minuto de Dios y empezará a estudiar Administración de Empresas, porque ha decidido que quiere volverse profesional y aprovechar su tiempo durante su sentencia en la cárcel.
¿Es esta la consecuencia justa?
Más que un asunto de posturas políticas, desde el acercamiento de Epa Colombia al expresidente Álvaro Uribe hasta su llamado de apoyo al presidente Gustavo Petro, lo importante aquí es el principio de justicia proporcional.
El error existió y nadie discute que las acciones tienen consecuencias. Pero, ¿es esta la consecuencia justa para una mujer que, en los últimos cinco años, ha creado empresa, empleo y oportunidades?
Son preguntas que deben servir de base para replantear el sistema judicial, garantizando sanciones proporcionales y dirigidas a quienes realmente representan un peligro para la sociedad.
Mi postura es clara: creo en las segundas oportunidades. Ahora la pregunta queda abierta: ¿Y usted, apoya a Epa Colombia? Si esta reflexión le parece importante, ayúdeme a compartir esta nota de opinión.
Por Mao Prieto, estratega político
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