Desde el 1 de abril los industriales del país no compran la cosecha que se está recolectando en el país. El precio mínimo de compra establecido en la resolución 177 de 2014, no obliga a los molineros a absorber la producción además los precios, el contrabando, alto costo de insumos, falta de créditos, garantías para la absorción de las cosechas, alivio a las deudas investigación, can, TLC, entre otros, llevan a paro este jueves a los arroceros del país


Durante los días transcurridos desde el 1 de abril de 2014 el arroz se seca, almacena y se trilla, pero no está siendo comprado. El sector arrocero atraviesa una de las crisis más profundas coyunturales y estructurales de la historia, y se necesitan no solo acciones de choque para soluciones inmediatas, si no políticas reales de apoyo al sector que permitan que este sea competitivo. Desde el 2007 los rendimientos han caído entre el 20% y el 35%; los países vecinos tienen costos más bajos, el contrabando sigue permeando las fronteras y donde hay un precio sin posibilidad de competir en mercados internacionales, este es un problema de Estado.

De manera inmediata los arroceros de todas las regiones del país exigen:

-Precios de referencia: la resolución 177 de marzo de 2014, que establece entre otros, a partir del 1 de abril de 2014 un régimen de control al precio de compra de la carga de Arroz Paddy verde que la industria o los comercializadores pagan al agricultor y un precio mínimo de compra, no obliga a estos a comprar la cosecha, a tal punto que a partir de esta fecha están cerradas las compras de arroz y la industria solo ofrece a los agricultores el servicio de maquila. Aparte de ello, también se ven profundamente afectados por el cierre de créditos tanto de insumos como en efectivo.

-Gobierno debe cubrir la diferencia: si la industria no puede pagar el precio establecido en la resolución, el Gobierno debe compensar la diferencia.

-Compra de la cosecha nacional: deben existir garantías para la compra de la cosecha y que se continúe mínimo con el precio piso de la resolución 022 de enero de 2014 la cual venció el pasado 31 marzo de 2014. Se debe garantizar la compra de toda la siembra nacional.

-Política de alivio a las deudas por efectos de ola invernal y cambio climático: se necesitan además de alivios a las deudas de los productores, que han afectado sus cosechas por fenómenos naturales, cobertura en montos, plazos, periodos de gracia y tasa de interés preferencial por la afectación de estos cultivos.

-Política real que genere competitividad

Según Roberto Botero Castro representante de los arroceros de dignidad nacional ante el consejo nacional del arroz y el programa nacional de recuperación de rendimientos, no solo es un problema coyuntural, la falta de políticas a corto, mediano y largo plazo que realmente, saquen de la crisis al sector, “los rendimientos de un productor de arroz, en lugar de aumentar, han caído hasta en un 35% en el 2013 y sus costos de producción son ascendentes de manera acelerada, entraron más de 400 mil toneladas de arroz por contrabando, y solo la comunidad andina recibió autorización para ingresar 90 mil toneladas de arroz el año pasado, sumado a 82 mil 555 toneladas que ingresaron en el mismo periodo provenientes del TLC, en estas condiciones, el sector no puede crecer ni mucho menos competir”

De la misma manera los arroceros solicitan:

-Revisión tratados de libre comercio: desde la firma de acuerdos comerciales como el del pacto andino en 1969, ahora comunidad andina desde 1997, donde en el pasado los vecinos no eran productores importantes, convierten ahora al Perú y Ecuador como grandes despensas de arroz hacia Colombia. El área que tiene sembrada supera las 700 mil hectáreas, lo cual obliga a revisar los términos y ajustarlos a la situación de cada país.

– Líneas de crédito y financiamiento: es imposible competir por ejemplo con productores de la CAN y EE.UU., que no solo tienen altos subsidios para sus agricultores, si no apoyo para compra de maquinaria, mientras que al agricultor colombiano se le suspenden los incentivos a la capitalización rural (ICR) y escasamente luchan por sacar el costo de la cosecha. Se necesitan apalancamientos para la compra de maquinaria y créditos de fomento, no solo son líneas de créditos, es la accesibilidad y oportunidad de los mismos, para que el crédito llegue en el momento y tiempo necesario

-Investigación: se necesita que el Gobierno nacional presupueste recursos suficientes a entidades como ICA y Corpoica para investigar también en campo y sin limitaciones, el efecto de fenómenos climáticos, los problemas fitosanitarios, el calentamiento global, entre otros, para evitar más caídas en el rendimiento y este trabajo sea complementado con el concurso de Fedearroz-fondo nacional del arroz, Ciat y otros organismos internacionales.

-Costo de insumos: a la fecha, pese a la cascada de decretos expedidos en el pasado septiembre, los precios de los insumos necesarios en la canasta arrocera, mantienen una escalada que en muchos casos supera el 30%. Hay 52 empresas que representan el 80% del mercado que se encuentran con pliegos de cargos por la superintendencia de industria y comercio sin resultados a la vista. No hay una regulación en los precios y no hay ningún tipo de sanción.

-Contrabando: entre el 20 y 30 % del consumo nacional de arroz es de contrabando, solo en el 2013 ingresaron al país más de 400 mil toneladas, en este momento hay un proyecto de ley anticontrabando que después de más de un año, hasta hace solo una semana tuvo su primer debate; se trata de endurecer las penas por este delito.

-Doble impuesto: en el 2013, durante el período del incentivo al almacenamiento, realizaron un doble descuento, la retención en la fuente y el descuento de la bolsa mercantil, no había lugar a ese doble descuento que significa casi el 0.5% del valor de la venta neta para aquellos productores que no registraron sus ventas por bolsa.

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