Por extorsionar presuntamente a más de 100 conductores de una empresa de buses de servicio público del municipio seis integrantes de la organización criminal denominada ‘Los Insurgentes’ fueron judicializados.


Durante diligencias de allanamiento y registro realizadas entre el 5 y 6 de junio por agentes de la Sijín se realizaron las capturas. El cabecilla de la organización, Alexander Mascari Cangrejo, ya se encontraba detenido por otro delito, sin embargo le fue notificada y legalizada la captura por estos nuevos hechos. El viernes 13 de junio se llevará a cabo su imputación.

Entre tanto, al acoger los argumentos de la Fiscalía, el Juez Tercero Penal Municipal de Soacha, con función de control de garantías, dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Michael Steven Orjuela Jaramillo, alias Pirry; John Erick Cante Candro, Leidy Alexandra Londoño Casabuenas y Benjamín Loaiza Colorado, alias Mincho.

A estas personas la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir con fines de extorsión y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Orjuela Jaramillo y Cante Candro aceptaron todos los cargos endilgados, excepto el de porte de amas. Por su parte, Londoño Casabuenas, aceptó también el de porte de armas pero no admitió el punible de homicidio que el fiscal del caso le imputó en calidad de cómplice por la muerte de un menor de 14 años; mientras que Loaiza Colorado se allanó a todos las conductas, incluso por la de homicidio y tentativa de homicidio.

De acuerdo con lo establecido en la investigación, la banda ‘Los Insurgentes’, desde hace un año aproximadamente venía extorsionando a los propietarios, conductores, ayudantes y despachadores de los buses que cubrían la ruta por el sector de Cazuca Alta, en Soacha, así como en los barrios Quintanares, Villa Mercedes, Loma Linda, Villa Sandra, Santa Viviana, Santo Domingo y Julio Rincón, de la misma localidad.

Por medio de labores de seguimiento e interceptaciones se estableció que los delincuentes exigían el pago semanal entre $30.000 y $60.000 por cada bus, los cuales debían ser cancelados los días lunes o viernes, para no atentar contra su integridad.

Otros tres integrantes de la estructura criminal, de 17 años de edad, fueron aprehendidos en flagrancia el martes 3 de junio, y procesados por el delito de porte ilegal de armas.