Así funciona el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Soacha
Con el fin de preservar los derechos de los adolescentes que infringen la ley, los especialistas del ICBF hablaron de su labor desempeñada y del proceso por el que pasa un delincuente menor de edad cuando es conducido a la institución. Sin embargo, el panorama frente a este tema no es muy alentador.
Para nadie es un secreto que la situación social de Soacha es cada vez más difícil y los menores de edad, en especial algunos adolescentes, son un sector poblacional que amenaza la tranquilidad de los residentes del municipio. Además, el sistema de justicia que regula y condiciona su actuar es muy laxo frente a los delitos que cometen, como homicidios, hurtos, atracos, acceso carnal violento y hasta secuestro.
Por tal motivo, se decidió consultar con especialistas del ICBF para que explicaran la manera cómo los adolescentes que incurren en estos y otros delitos son procesados para que en medio de la imputación de cargos a la que son sometidos, se les garantice la no vulneración de sus derechos, teniendo en cuenta que por ser menores de edad el tratamiento debe ser distinto, tal y como lo contempla la Ley de Infancia y Adolescencia.
“Los chicos son capturados en flagrancia y puestos a disposición del Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos; nuestra función básicamente es mirar qué derechos tienen vulnerados, amenazados o inobservados y allí entramos a que sean garantizados para luego presentar un informe lo más cercano a la realidad y así la juez ponga la sanción que más se acomode al muchacho”, explicó Viviana Cubides Gutiérrez, psicóloga del sistema de responsabilidad penal del ICBF.
Vale la pena mencionar que el trámite explicado corresponde únicamente para las diligencias que se realizan en menores que comprendan edades entre los 14 y 17 años. Los niños o niñas menores de 14 años están cobijados por una Defensoría de protección, tal y como lo mencionó la psicóloga. De igual modo, hay que recordar que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) lo compone instituciones como el ICBF, la Fiscalía, Policía de Infancia y Adolescencia y los Juzgados para menores, siendo el ICBF el ente encargado de realizar la veeduría correspondiente para que no existan irregularidades durante el proceso de legalización de términos.
“En primer lugar la policía es la que los captura en flagrancia, ellos lo colocan ante fiscalía para que empiecen su proceso judicial, luego los pone a disposición del Bienestar Familiar para verificar los derechos del aprehendido, después el equipo psicosocial hace la apertura de la historia y la creación de la petición en el SIM (Sistema de Información Misional), posteriormente si el implicado va a audiencia se hace el informe inicial. Si el joven es mayor de 16 años el fiscal puede solicitar la toma de medidas que implica que el menor puede quedar detenido o ser liberado por el juez”, señaló la especialista.
Si el menor de edad es judicializado, el equipo de profesionales entra a indagar por la historia de vida del menor delincuente para realizar el informe biopsicosocial, en el cual se especifican sobre todo los antecedentes y conductas delictivas no solo del menor infractor, sino de su familia, ya que en muchas ocasiones el mismo estilo de vida impulsa al menor de edad a incurrir en varios delitos. Si el infractor no es judicializado, el ICBF también realiza un acompañamiento psicológico y social a él y a su familia en el que quedan estipulados algunos compromisos para que no reincidan en dichas conductas, estos compromisos van desde la vinculación a los sistemas de salud, hasta la matrícula en instituciones educativas.
“Yo diría que un 90% de los chicos que delinquen han consumido droga, entonces de pronto si el chico está consciente de su problemática se le ayuda con la solicitud de un cupo para restablecer el derecho a la protección contra el consumo. Algunos van pero muchos de ellos también desertan, se van de la institución y vuelven a caer al sistema, reinciden y se vuelve a comenzar el proceso”, puntualizó Cubides.
De igual manera manifestó que el panorama frente a este tema no es muy esperanzador, ya que “en este año llevamos 371 casos nuevos porque hay muchos reincidentes, en este mes ya llevamos cuatro chicos así. Lo que pasa es que la reincidencia ata porque los chicos comienzan a delinquir desde muy pequeños y entonces entran al sistema desde los 14 años sobre todo. Seguramente que casi el 80% los vamos a tener hasta que cumplan los 18 años porque son chicos que vienen de familias con este tipo de conductas”, sentenció la funcionaria.
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