La campaña ‘Defender la Libertad un Asunto de Todas’, denunció atropellos y capturas ilegales por parte de la fuerza pública en Colombia.

Según la organización y luego de tres días de movilización, iniciadas el pasado 28 de abril en el país, se registra el siguiente balance:

105 personas heridas por el accionar de la Policía Nacional, en particular el ESMAD. De estas, 6 han sufrido lesiones oculares y 4 fueron impactadas por armas de fuego. Además, al menos 26 personas defensoras de derechos humanos han sido agredidas físicamente por la Policía.

4 personas han sido víctimas de homicidio, presuntamente por el accionar de la Policía. Asimismo, está por establecerse la relación con las jornadas de protesta de 7 homicidios reportados en las últimas horas en Cali.

286 personas detenidas, en su mayoría bajo procedimientos arbitrarios, contrariando las disposiciones del Código de Policía y sometidas a torturas y otros tratos crueles.

8 allanamientos, los cuales fueron declarados ilegales, al igual que las capturas asociadas.

 Y prosigue la denuncia del colectivo social:

«Un número indeterminado  de las detenciones se dieron bajo la modalidad de “traslado por protección” o “traslado por procedimiento policivo”, medidas que contempla el Código Nacional de Policía como mecanismos de protección, pero no como mecanismos de sanción o castigo. Pese a ello, siguen siendo utilizadas de manera generalizada para privar de la libertad a personas sin que medie delito o infracción alguna. Lastimosamente las instituciones como la Policía Nacional y la Alcaldía de Bogotá a la fecha ni tienen cifras consolidadas y confiables sobre la materia.

En la audiencia de una de las personas detenidas en la ciudad de Bogotá a quien se le intentó judicializar de manera irregular por porte, elaboración y  tráfico de explosivos, el juez ordenó compulsa de copias para investigar al policía que efectuó la detención, por haber inducido en error al fiscal al creer que había un delito cuando esto no fue así. 

Nos permitimos informar y advertir a las autoridades nacionales e internacionales, particularmente al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, que existe un riesgo permanente de desaparición forzada en el marco de las conducciones y capturas durante las jornadas del Paro Nacional. Las personas detenidas no están siendo presentadas ante autoridades judiciales ni trasladadas a los Centros de Traslado por Protección de forma inmediata, lo que impide su localización, comunicación con familiares y abogados(as) de confianza, y en general, pasan varias horas sin que el Estado reconozca  dicha privación de la libertad, ocultando la suerte o el paradero de la persona, contrariando el artículo 2° de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 

Esta situación ha facilitado que se cometan actos de tortura con total impunidad. En la ciudad de Cali, organizaciones han denunciado que varios jóvenes detenidos bajo la figura del traslado por protección fueron trasladados al Coliseo de las Américas, lugar en el que fueron golpeados y agredidos. 

En relación con el uso excesivo de la fuerza, nos permitimos advertir que existe personal de la policía que se encuentra armado en las movilizaciones, pese a que los protocolos existentes lo prohíben. Muchos de ellos han accionado sus armas de fuego contra manifestantes, ocasionando lesiones severas, y en algunos casos la muerte, como lamentablemente sucedió en Cali con Marcelo Agredo, un joven de 17 años que, según se evidencia en varios videos, recibió un impacto de bala por parte de un policía luego de que éste le hubiese golpeado en la espalda. 

Esta situación podría intensificarse debido a la existencia de mensajes de personas del Gobierno Nacional o del partido de Gobierno que incitan, a través de sus redes sociales, a un uso generalizado por parte del Ejército y la Policía de las armas de fuego. Estos discursos pueden ser entendidos por los uniformados como un aliciente para cometer, con total respaldo gubernamental, homicidios o ejecuciones extrajudiciales durante las manifestaciones del Paro Nacional. 

Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que ordene de manera clara y precisa a los miembros de la Policía Nacional  respetar la ley y los principios internacionales sobre el uso de la fuerza, y a abstenerse de enviar a las Fuerzas Militares a contener ejercicios de protesta social. Finalmente, lo instamos a cesar su campaña de estigmatización y desprestigio a la protesta social, como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia STC 7641 de 2020. 

Agradecemos que toda información que se tenga sobre detenciones y personas heridas o desaparecidas, en el marco del Paro Nacional, pueda ser enviada al correo: libertadasuntodetodxs@gmail.com».

Foto: Infobae