Cae red delictiva que realizaría proyectos urbanísticos en zona de protección ecológica
Con documentos falsos se habrían construido 700 viviendas y la división de 1.500 lotes; además se causó el desplazamiento fauna silvestre, flora y fuentes hídricas en zona rural de Villavicencio.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco personas, que estarían involucradas en actividades de urbanización ilegal en una zona de preservación ambiental, en la vereda Apiay, en Villavicencio (Meta).
En las investigaciones se constató que estas personas habrían auspiciado la destrucción de más de 15 hectáreas de un área protegida, desplazaron la fauna silvestre y, al parecer, afectaron el curso del río Ocoa, humedales y otras fuentes hídricas.
Se estableció que el daño a los ecosistemas, supuestamente, lo ocasionaron para construir 700 viviendas y dividir 1.500 lotes, los cuales fueron vendidos entre 20 y 35 millones de pesos, con la promesa de servicios públicos. Algo que no ocurría porque eran proyectos urbanísticos que no tendrían el aval de la autoridades locales y ambientales.
El señalado articulador de estas maniobras fue identificado como Yeison Hurtado Granados, quien presuntamente usaba una inmobiliaria de nombre ‘Provisión Divina’ para ofrecer los terrenos por redes sociales y distintos canales públicos. Este hombre y dos de sus supuestos cómplices fueron capturados en Acacías y Villavicencio (Meta); al igual que dos exintegrantes de la Policía Nacional que, al parecer, omitieron su deber y, a cambio de dinero, no alertaron sobre las irregularidades.
Las denuncias y elementos de prueba dan cuenta de que esta organización habría acudido a una estructura armada para intimidar a las personas que les reclamaban por los incumplimientos y exigir dinero a los ciudadanos que ocupaban terrenos de su interés.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los particulares los delitos de concierto para delinquir agravado, daño a los recursos naturales, invasión de áreas de especial importancia ecológica, extorsión, cohecho por dar y ofrecer, y urbanización ilegal.
Por su parte, los funcionarios fueron imputados por concusión y prevaricato.
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