VIDEO | ¡Cambio de reglas! De La Espriella levanta la suspensión del porte de armas en Colombia
La decisión cambia el panorama para quienes ya cuentan con permisos vigentes, aunque el porte seguirá sujeto a requisitos y controles.
El Gobierno decidió darle un giro a la política sobre el porte de armas en Colombia, justo en un momento en el que la seguridad vuelve a estar en el centro de la discusión. La suspensión general de los permisos será levantada, pero la decisión está lejos de significar que las armas puedan circular libremente por las calles.
El cambio pone nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta dónde debería llegar el derecho de un ciudadano a portar un arma en un país que todavía enfrenta altos niveles de violencia?
Se levanta la restricción, pero no desaparecen las reglas
El presidente Abelardo De la Espriella firmó el Decreto 1368 de 2026, una decisión que modifica el escenario que durante los últimos meses había impedido ejercer de manera general los permisos individuales para portar armas.
A partir del 9 de septiembre, quienes ya tengan un permiso individual vigente podrán volver a ejercerlo sin tener que tramitar una autorización especial adicional.
La decisión tampoco significa que una persona pueda comprar un arma y comenzar a llevarla consigo. El permiso debe estar vigente, corresponder específicamente al porte y el ciudadano debe continuar cumpliendo las condiciones exigidas por las autoridades.
La medida llega después de una discusión que ha enfrentado dos realidades. Por un lado, están los ciudadanos que consideran que cumplir con todos los requisitos legales debería ser suficiente para ejercer un permiso de porte. Por otro, persiste la preocupación de que una mayor circulación de armas termine aumentando los riesgos en medio de la violencia que afecta distintas regiones del país.
Y ahí está precisamente uno de los puntos más sensibles de la decisión.
Más armas legales no significan automáticamente más seguridad
El Gobierno ha defendido el levantamiento de la suspensión señalando que mientras ciudadanos que cumplen la ley tenían restricciones, las organizaciones criminales continuaban consiguiendo armas de manera ilegal.
Las cifras oficiales citadas por las autoridades muestran la magnitud del problema: entre enero y los primeros días de septiembre se habían incautado más de 15.700 armas de fuego, muchas de ellas relacionadas con actividades delictivas y grupos armados.
Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.
Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar.
Las cifras… pic.twitter.com/boYLZJhlAo
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 8, 2026
Pero esas cifras también plantean otra discusión: si el Estado todavía enfrenta dificultades para controlar el tráfico y uso ilegal de armas, ¿qué tan efectiva será una política que facilite nuevamente el ejercicio de permisos legales?
El decreto mantiene precisamente una barrera frente a ese escenario. No podrán portar armas quienes tengan permisos vencidos, cancelados, revocados o suspendidos individualmente. Tampoco quienes tengan prohibiciones judiciales o legales, ni quienes solamente tengan autorización de tenencia.
Además, continúan los requisitos relacionados con la edad, antecedentes, aptitud médica y psicofísica y conocimientos sobre el manejo del arma.
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Por eso, el verdadero alcance de la medida dependerá menos del anuncio político y más de la capacidad de las autoridades para verificar quién cumple realmente las condiciones y ejercer controles efectivos.
El debate, entonces, apenas comienza. El Gobierno presenta el levantamiento de la suspensión como una recuperación de derechos para quienes ya tenían permisos legales. Sus críticos podrán preguntarse si, en un país donde las armas siguen alimentando buena parte de la violencia, ampliar su circulación, aunque sea bajo controles, es necesariamente sinónimo de mayor seguridad.
Foto: Pexels/Canva
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