CAPRECOM pide a Supersalud que le reciban la operación de Hospitales de Quibdó y San Andrés

El Director General Encargado de CAPRECOM, Carlos Mario Ramírez, pidió a la Superintendencia Nacional de Salud que las entidades territoriales le reciban cuanto antes la operación del Hospital San Francisco de Asís de la ciudad de Quibdó, así como de los centros de salud del Departamento del Chocó y el Hospital Amor de Patria de San Andrés que hoy están a cargo de la EPS estatal.


Esta es una de las primeras decisiones que se toman en la búsqueda de la viabilidad de CAPRECOM, tras el nombramiento del Viceministro de Salud y Protección Social Carlos Mario Ramírez, como Director General Encargado de la EPS que actualmente asegura a más de 3 millones de personas afiliados al régimen subsidiado.

“Se trata de una situación crítica que amerita decisiones urgentes y que tienen que ver con la limitante que esta empresa tiene para garantizar efectivamente la prestación del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado en dos departamentos del país, me refiero a San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Chocó, donde CAPRECOM además de ser un cuasimonopolio en aseguramiento, lo es como prestador de los servicios de salud que opera de manera deficiente y generando riesgo en la calidad del servicio en los hospitales Amor de Patria y San Francisco y algunas IPS de la red básica”, señala un aparte de la misiva enviada al Superintendente de Salud.

El Director General Encargado, previa reunión con el Gobernador del Chocó, Luis Gilberto Murillo y conversaciones con la Gobernadora de San Andrés, Aury Socorro Guerrero, los invitó a definir el operador al que debe hacérsele la entrega de los hospitales y centros de salud.

Adicionalmente, propone que tras la entrega empiece un periodo donde se evalúe si continúan las inconformidades de los usuarios y si es así, se revoque la autorización para actuar como EPS en estos departamentos.

Dentro del proceso de revisión a la EPS, el Director General Encargado también se encuentra analizando con el INPEC y el Ministerio de Justicia, el aseguramiento y la prestación de servicios a la población reclusa para tomar una decisión frente a la atención en las cárceles del país reconociendo los limitantes para brindar un buen servicio.

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