52 años de cárcel para soldados acusados de crimen de falsos positivos

Posted on 1 de agosto de 2013 by Periodismo Público

Homicidio, desaparición forzosa y crimen de lesa humanidad son los cargos por los que algunos soldados acusados del caso «Falsos Positivos de Soacha» tendrán que pagar entre 52 y 54 años de prisión, además de una multa de 3.500 salarios mínimos.

En silencio, con pocos asistentes y con sólo un medio de comunicación español como invitado, las madres de Soacha conocieron la primera condena a los responsables del crimen de los jóvenes presentados como guerrilleros dados de baja en combate.

Periodismopublico.com hace réplica de la crónica realizada por el medio Periodismohumano.com, quien estuvo presente durante el juicio.

Crónica de una sentencia histórica: los “falsos positivos” son crímenes de lesa humanidad

Tras más de cinco años reclamando justicia para sus hijos, asesinados por soldados colombianos y presentados como bajas en combate, las conocidas internacionalmente como Madres de Soacha escucharon en una sala prácticamente vacía la primera condena para los cinco responsables de la ejecución extrajudicial de uno de los jóvenes: homicidio, desaparición forzada y lo que nadie esperaba, crímenes de lesa humanidad.

Un juez recita durante más de tres horas una sentencia. Hace un receso para tomar aire, él, las mujeres que escuchan en frente con rostro compungido, los acusados que resoplan, sonríen entre ellos y fruncen el ceño a ratos, los abogados de ambos bandos y el fiscal. Una amplia y vacía sala revestada de madera del Tribunal Superior de Bogotá acoge una sentencia histórica que nadie espera.

Se retoma la lectura y en frente, sentadas en un banco, escuchan cuatro madres de jóvenes civiles ejecutados extrajudicialmente por miembros del Ejército colombiano con el fin de presentarlos como bajas en combates contra la guerrilla y obtener así beneficios económicos así como días libres o ascensos. Los llamados ‘falsos positivos’ y las cuatro mujeres son algunas de las reconocidas internacionalmente como Madres de Soacha, una localidad cercana a Bogotá donde en 2007 fueron capturados al menos once jóvenes pobres para ser trasladados a más de 600 kilómetros, a Santander y Norte de Santander, territorio con presencia de la guerrilla de las FARC, donde fueron asesinados. Sin embargo, hoy son sólo acompañadas por algunos miembros de organizaciones como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que lleva la defensa y la Corporación Centro de Atención Psicosocial, que atiende a las madres. Mientras, el juez relata cómo las investigaciones han demostrado que el muchacho Fair Leonardo Porras estaba desarmado cuando fue asesinado por los cinco soldados, un crimen que, especifica, tiene el agravante de haber sido realizado con ánimo de lucro, hecho que, ajustándose a la legislación, califica de “abyectos, que provocan repugnancia”.

“Responsables de desaparición forzosa”, corrobora de nuevo hoy el juez. Y una de las abogadas de la defensa de los soldados busca con una mirada desafiante a las madres. El abogado jefe, vestido de traje de chaqueta de civil pero de riguroso verde militar, incluidos los calcetines, y que ha permanecido durante toda la lectura en la zona dedicada a los espectadores, se vuelve para enviar sin riesgo de miradas curiosas un mensaje desde su móvil. Pertenecen al equipo de Defensa Militar (DEMIL), una fundación jurídica privada pero que cuya junta directiva está conformada por generales activos del Ejército y que utiliza sus helicópteros para transportarse. El informe del Comisionado para las Naciones Unidas de 2010 asegurara que “Demil antepone intereses institucionales de las Fuerzas Militares sobre los derechos de los procesados (…) Así se obstaculiza que los acusados se acojan a sentencia anticipada o realicen declaraciones individuales sobre los niveles de participación en los hechos que pueden haber tenido otros miembros del Ejército”.

Crímenes de Lesa Humanidad

“Todos hicieron uso de su arma de fuero aquella noche (…) Aunque no existe certeza de qué disparos ni de cuáles de los acusados participaron en el deceso del Fair Leonardo Rojas (…)”. El juez subraya que todas las acciones de los acusados fueron partícipes del delito y “fueron realizadas con pleno conocimiento” de su finalidad. Y es entonces cuando aborda el punto más esperado, la acusación de la fiscalía por delitos de lesa humanidad. Y para ello, define cada uno de los elementos que tienen que comportar y los va argumentando: Es sistemático porque “al menos once jóvenes humildes fueron desaparecidos en una fecha cercana a la desparición de Fair Leonardo” y “se realizaron de manera exclusiva contra la población civil (…) Hay evidencia de que sí existió un móvil discriminatorio en relación a la condición humilde de los jóvenes de Soacha, marginados y privados de recursos económicos, situación que conllevaría que la denuncia no repercutiera de manera inmediata, tal y como afirmó la señora doña Luz Marina Bernal (…) quien acudió en tres ocasiones a la fiscalía de Soacha sin resultados favorables, los cuales sólo se dieron cuando se dio la identificación del joven y los hechos fueron denunciados públicamente”.

El abogado-jefe se levanta, saca las llaves del bolsillo y juega con ellas haciéndolas sonar, se vuelve a sentar. Son fórmulas intimidatorias conocidas por los abogados que han coincidido con él en otras causas y que utilizó esa misma mañana en la audiencia de otro caso vinculados con los falsos positivos de Soacha. Frente a él y sin levantar la cabeza, el juez sentencia: “En virtud de ello, convergen los presupuestos señalados en las normas internacionales para que se hable de delitos como de lesa humanidad”.

El fallo

Un par de asistentes aplauden tímidamente y el policía de la sala les ordena silencio. El abogado-jefe abre la puerta de madera que separa a los miembros del tribunal de la sala y se sienta en la bancada de la defensa. El juez lee las condenas: entre 52 y 54 años de cárcel y 3.500 salarios mínimos de multa. Los acusados se sonríen nerviosos entre sí, el abogado-jefe interrumpe al juez para comunicar que interpondrá inmediatamente el recurso de casación. Las madres apenas se atreven a mostrar su alegría, salen de la sala, se abrazan. Alegría y tristeza infinitas y contenidas.

Una de las presentes es la abogada del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos Gloria Silva, apoderada de las familias de las víctimas ante la acusación de la fiscalía. “Hoy se ha proferido un fallo histórico. Realmente de todos los años que
llevamos en representación de víctimas, hoy hemos logrado por fin un fallo en el que se recojan los intereses de las víctimas que siempre han estado en desventaja total frente al Estado (…) Dentro del gobierno de Álvaro Uribe, se profirieron directrices que trazaron políticas muy claras a mandos del Ejército nacional que generaron el aumento desmedido de ejecuciones extrajudiciales para presentar una victoria supuesta del Ejército sobre las guerrillas o paramilitares. Victoria que eran cimentadas en unas cifras que no eran más que campesinos, jóvenes, humildes, líderes sociales, presentados como falsos positivos”.

Otra de las presentes es “Uvita”, una mujer enjuta y afectuosa a la que también le arrebataron a su hijo de 16 años, y cuyo juicio aún ni siquiera se ha iniciado. Ha vivido con angustia la audiencia y ahora sólo piensa en cómo esta sentencia puede romper el cerco de la impunidad. “Nuestra idea es que si hay justicia en nuestros casos, puede haberla para las miles de extradiciones extrajudiciales que han habido, de los cuales sólo unos cuantos están documentados. Y nuestra esperanza es llegar a los responsables que no están a aquí, el expresidente Álvaro Uribe y el actual, Juan Manuel Santos”.

Arropada por las otras madres y miembros del Comité y del CAPS, se encuentra Luz Marina, la madre de Fray Fernando, que tras más de 5 años de lucha, amenazas y dolor, hoy siente “el corazón grande”.