Con ocasión a la convocatoria para suplir las vacancias del Consejo Territorial de Planeación de Suacha
Este es el primer paso para pasar de la oferta de escenarios desde el Estado a la generación de posibilidades para la apropiación de las comunidades y su efectiva incidencia en la toma de decisiones de política. Debe ser un proceso conjunto de construcción en lo público.
Con la Constitución Política de Colombia de 1991, la participación política de los diferentes sectores sociales se muestra como una de las grandes posibilidades que se introducen en el juego político del país en la formulación de las políticas públicas.
Si se tiene presente el contexto que exige la necesidad de esta reforma constitucional, es muy fácil que las evidencias nos muestre la gran victoria de la participación a partir de los diferentes mecanismos institucionales que se establecen (veedurías, cabildos abiertos, voto, derecho de petición, acción de tutela, entre otros) desde 1991, es necesario mencionar que para su real apropiación y efectivo uso por parte de los ciudadanos, se presentan una serie de obstáculos, tanto de forma como de fondo.
Pareciera que Colombia sufriera de un mal, que no le permite movilizarse más allá de donde “lo escrito en la norma” se lo permite, o quizá un entramado de laberintos burocráticos Kafkianos que despellejan los píes de aquel ciudadano que pretende recorrerlos para acceder a respuestas estatales, o simplemente una serie de falencias estatales, y conveniencias gubernamentales, que no permiten crear las condiciones que propicien la apropiación real y contundente de los ciudadanos de las ventajas que pretendían entregar los constituyentes al país.
Ante tales situaciones se han escrito cantidad de teorías, desde variados enfoques, para este caso nos importa señalar que es precisamente a partir de tales condiciones de poca claridad para hacer uso de las posibilidades estatales de participación, que se presenta una crisis de credibilidad por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas. Se generan resistencias, los públicos se agrupan en torno a discursos de crítica, exigencia y reivindicación, a la vez que las acciones exigen las garantías para el cumplimiento de los derechos universales en torno a la dignidad humana.
Quizás sea esta una de las explicaciones más generales para entender el descontento social, pero ligándola al proceso de formulación de las políticas públicas, se debe mencionar que la complejidad de la sociedad (sus demandas, su organización, sus discursos) avanza de manera exponencial con respecto a la capacidad institucional del Estado para responder a las mismas. Concretamente, el Estado no cuenta con la capacidad de responder a las demandas sociales.
Es así que las instancias que se propician para la participación de la sociedad organizada, como es el caso de los Consejos Territoriales de Planeación – CTP (que llegan hasta los municipios, como la instancia donde el Estado tiene el contacto más directo con las realidades sociales), es un escenario de participación política institucional que debe ser apropiado y resignificado por la ciudadanía.
Pasar de ver esta instancia como la que avala las decisiones de gobierno en temas de planeación, para entenderla como un espacio de representación de todos los sectores sociales, económicos, ecológicos, comunitarios y culturales, que puede llegar a tener más representación y participación en la toma de decisiones, que los mismos concejos municipales. Así se manifiesta en la Sentencia C- 015 de la Corte Constitucional, cuando establece que el concepto que debe emitir el CTP “es requisito indispensable, de obligatoria observancia, para la validez de la ley mediante la cual se adopte el Plan Nacional de Desarrollo”, aspecto que aplica a todos los niveles de gobierno (nacional, departamental, distrital y municipal).
Es así que la Plataforma Juvenil de Suacha, celebra el interés del gobierno local, expresado en sus funcionarios de planeación, en renovar los espacios de participación institucionales, como es el caso del CTP, ante lo cual queremos invitar a los habitantes de la ciudad de Suacha, a tomarse estos escenarios de discusión e incidencia, de construcción de políticas públicas, espacios donde se reconoce la incapacidad del Estado para asumir sólo el reto de responder a las demandas sociales, razón por la cual se busca contar con la participación social activa.
Este es el primer paso para pasar de la oferta de escenarios desde el Estado a la generación de posibilidades para la apropiación de las comunidades y su efectiva incidencia en la toma de decisiones de política. Debe ser un proceso conjunto de construcción en lo público.
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