Una juez especializada de Cundinamarca condenó a 14 y 13 años de cárcel, respectivamente, a Marino Antonio Adames Chavarro y su pareja Liliana Rodríguez Martínez, quienes aceptaron los delitos de extorsión tentada agravada, concierto para delinquir, terrorismo y tráfico, fabricación y porte de armas o municiones de uso privativo.


La juez consideró que la Fiscalía demostró con material probatorio que los dos sentenciados fueron quienes durante más de 5 meses, mediante llamadas extorsivas, amenazas de muerte y colocación de artefactos explosivos, buscaban la entrega de 300 millones de pesos de un comerciante de Soacha (Cundinamarca).

Según se pudo establecer, el 8 de noviembre de 2014, la víctima recibió una llamada de parte de Juan Pablo, un supuesto integrante de las Farc, quien exigía el dinero.

Ante la negativa del comerciante de entregar el dinero y las reiterativas llamadas telefónicas, los dos sentenciados colocaron un artefacto que hizo explosión en la puerta de uno de los negocios de la víctima.

Posteriormente, en tres ocasiones más, fueron colocados artefactos explosivos en otros negocios del comerciante.

Tras 4 atentados, la víctima acordó un adelanto de 100 millones de pesos, los cuales serían entregados en un lugar público del municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), hasta donde se trasladó el comerciante y al cual nunca llegó el extorsionista.

Luego de la captura de un taxista en la capital del país, cuyo automotor era contratado por los condenados para desde allí lanzar los artefactos, se pudo establecer el paradero y la identidad de los responsables, quienes vivían en un hotel del centro de Bogotá.

Después de las capturas y la judicialización, se pudo establecer que se trataba de delincuencia común, que al parecer trabajaba para la subversión.

Al final de la audiencia, los sentenciados fueron recluidos en la cárcel La Modelo y el Buen Pastor respectivamente para purgar la condena.