Un grave problema financiero enfrentan los principales centros universitarios públicos del país advirtieron los directivos de las Universidades Nacional, del Valle, Antioquia y la Tecnológica de Pereira.


Los directivos pidieron al gobierno incluir en el presupuesto del próximo año un incremento, por una sola vez, del 9% en la asignación de recursos y advirtieron la falta de voluntad política de la Ministra de Educación Cecilia María Vélez para concertar un acuerdo presupuestal, pese a que representantes del Ministerio de Hacienda y de Planeación Nacional han afirmado que la propuesta es viable.

Beatriz Sánchez, vicerrectora general de la Universidad Nacional dijo que «el pronóstico de supervivencia está realmente comprometido». Explicó que mientras los aportes que hace la Nación crecen al ritmo del IPC, las obligaciones e inversiones de las universidades aumentan a un ritmo mayor.

Por su parte el director de la oficina jurídica de la Universidad de Antioquia Pastor Acevedo, expresó que las “universidades públicas están condenadas a desaparecer por cuenta de las políticas del Ministerio de Educación”.

Opinó también el vicerrector administrativo de la Universidad del Valle, Edgar Varela, quien argumentó que hace 17 años, cuando se expidió la Ley 30 de 1992, las universidades eran diferentes a las de hoy. “Por ejemplo, no existía internet y la inversión en las plataformas de sistemas no estaban contempladas en el presupuesto de las instituciones”.

Los directivos coinciden en que los factores que han provocado el desequilibrio son el incremento en los aportes a pensiones y salud, el pago extra a las primas de vacaciones y por recreación de los docentes, los incrementos en gastos prestacionales a docentes ocasionales y personal supernumerario y los costos de procesos de acreditación y certificaciones.

Se denunció también que las universidades asumieron los descuentos a las matrículas de quienes votan en las elecciones. Sólo en este último rubro, se han visto obligadas a devolver unos 65.000 pesos, costo que debería asumir el Ministerio del Interior y Justicia.

Lo cierto es que los cuatro centros universitarios más grandes del país están al borde de la quiebra y la serie de gastos impuestos por el Ministerio ha abierto un enorme hueco fiscal en las arcas de las universidades, que de no solucionarse, estarían sujetas a desaparecer.