Los demandantes solicitan la nulidad de la elección de los representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro, Luis Alejandro Motta e Andrés Iván Garzón, por irregularidades en el mecanismo de elección.

El Consejo de Estado aceptó estudiar una demanda de nulidad contra la elección de los representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro en el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), con la que se pide que se repita la selección ante irregularidades en el proceso. 

Es importante entender que el Consejo directivo de la CAR tomas decisiones clave como elegir al director de la corporación, abrir investigaciones, otorgar licencias, concesiones, permisos y autorizaciones ambientales. En el caso de Cundinamarca, entre las acciones más destacadas está la concertación de los planes de ordenamiento territorial de los municipios.

Este organismo está conformado por 14 miembros entre los que se destaca un delegado del presidente de la República; el ministro de Ambiente; los gobernadores de Cundinamarca y Boyacá; el alcalde de Bogotá; cuatro alcaldes de municipios de la jurisdicción (que cambian cada año), y cinco representantes de la sociedad civil, las entidades sin ánimo de lucro, el sector privado y las comunidades indígenas.

En representación de las entidades sin ánimo de lucro fueron reelegidos, el año pasado, Alejandro Motta e Iván Garzón, a través de un proceso que fue cuestionado tanto por los entes de control como por algunos de los ambientalistas, pues, durante la audiencia, 35 organizaciones, así como la Procuraduría y la Defensoría, se retiraron al advertir que no había garantías en el mecanismo de elección. 

La razón es que en vez de que cada organización votara por un candidato y al final se elegirían a los dos con mayores votaciones, se decidió que se podía votar dos veces (una por cada plaza a proveer). El reproche era que el método elegido ponía en desventaja a los grupos minoritarios, pues (como lo advirtió la CAR) había personas que representaban varias organizaciones.

«Hay muchas organizaciones de papel confabuladas y que no cumplían los requisitos. Vicios en la votación misma (cada ONG votaba dos veces y al ser mayoría las ONG de papel se apoderaban de los dos puestos disponibles para las representaciones ambientales», señaló Andrés Plazas uno de los demandantes. 

Ambientalistas como Alegría Fonseca  también cuestionan el interés de los dos representantes por permanecer en el cargo en el que llevan más de 20 años, pues considera que su constante reelección «ha impedido la participación de otros líderes que sí han trabajado de forma visible por el medioambiente».

Por ahora resta esperar que el Consejo de Estado tome una determinación al respecto. De cuestionar los mecanismos de selección se estaría marcando un precedente para este tipo de elecciones en las Corporaciones autónomas del país, que tanto se han cuestionado.