Contraloría exigió medidas para garantizar el Programa de Alimentación Escolar en 2025
La Contraloría General de la República alertó al Gobierno Nacional y a los mandatarios locales sobre la urgencia de adelantar procesos contractuales para evitar afectaciones a millones de estudiantes beneficiarios del PAE.
La Contraloría General de la República exigió medidas para garantizar el Programa de Alimentación Escolar en 2025 y realizó un llamado al Gobierno Nacional y a los mandatarios de las 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) encargadas del (PAE) para que adelanten los trámites necesarios y asegurar su inicio oportuno en 2025. Durante el año 2024, cerca de 3,9 millones de niños, niñas y adolescentes se vieron afectados por retrasos y suspensiones en la prestación de este servicio.
El organismo de control destacó que, tras auditorías realizadas en 67 ETC a nivel nacional en 2024, se identificaron 42 hallazgos fiscales por un monto cercano a los $8.000 millones, relacionados principalmente con presuntos sobrecostos (44%) e inadecuada supervisión del programa (36%). Las regiones más afectadas fueron el Pacífico, los Llanos y el Eje Cafetero.
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La Contraloría exigió medidas para garantizar el Programa de Alimentación Escolar en 2025 debido a que las problemáticas más recurrentes al iniciar el año escolar son: retrasos en la contratación, suspensión temporal del servicio y problemas en el suministro y calidad de los alimentos. Estas falencias no solo han impactado la nutrición de millones de estudiantes, sino que también representan riesgos significativos para la transparencia en el manejo de recursos públicos.
Por otro lado, la Contraloría hizo un llamado a las autoridades locales a priorizar los procesos precontractuales y presupuestales, habilitar los recursos necesarios y asegurar que el programa sea ejecutado con costos justos y con alimentos de calidad. La meta es prevenir interrupciones y garantizar que los 5,9 millones de estudiantes beneficiarios del PAE reciban este servicio conforme a los calendarios escolares.
Foto: Contraloría General de la Republica
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