La autoridad electoral convocó para el próximo 2 de marzo el referendo en que los ciudadanos de Bogotá podrán decidir si revocan o no el mandato de su alcalde, Gustavo Petro, anunció este viernes el Registrador Distrital.


La Registraduría tendrá un plazo de dos meses para convocar esta consulta después de que el pasado 18 de diciembre declarara como válidas 357 mil 250 firmas ciudadanas de las 641 mil 707 recolectadas por los opositores a Petro, una iniciativa del representante a la Cámara Miguel Gómez Martínez, del oficialista Partido de la U.

“Queda de manera definitiva señalada como la fecha para la consulta popular con fines de revocatoria (del alcalde Petro) el día 2 de marzo”, dijo el registrador distrital al presentar ante los medios la resolución 008 del 3 de enero de 2014 que formula la convocatoria.

Las autoridades electorales habían calculado en unos cuarenta mil millones de pesos el costo de esta consulta popular.

Por su parte, el registrador distrital de Bogotá, Jaime Hernando Suárez Bayona, explicó los requisitos para que se revoque el mandato del alcalde Petro, quien fue elegido en octubre de 2011 para el periodo 2012-2015 con más de setescientos mil votos, de los dos millones doscientos cuarenta y cuatro mil veinticinco emitidos por los electores capitalinos.

“Para que prospere (la revocatoria) deben participar, dice la Ley 741 del 2002, por lo menos el 55 % de los votos válidos que hubo en las elecciones del alcalde Mayor de Bogotá del 30 de octubre de 2011. Por lo tanto deberían votar como mínimo un millón doscientos treinta y cuatro mil doscientos catorce personas (1.234.214), ese es un umbral”, detalló.

Además, deberían votar a favor del fin del mandato de Petro la mitad más uno de los electores. “Si no se cumplen estos dos requisitos, la cantidad de votantes o que la mitad más uno de estos voten porque no se revoque, pues no se daría la revocatoria”, resumió Suárez Bayona.

Es importante aclarar que dicha votación sólo se realizará si el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, no ha tomado antes del 2 de marzo una decisión sobre la recusación que el burgomaestre interpuso sobre la decisión del Ministerio Público, que lo destituye e inhabilita por 15 años para ejercer cargos públicos. Así mismo, si el fallo de segunda instancia del procurador es contrario al inicial.

Hay que señalar que sea cual sea la decisión de los bogotanos, la determinación en segunda instancia de Alejandro Ordóñez o la de un procurador ad-hoc –si llega a prosperar la recusación- será la definitiva. Por ello, varios críticos aseguran que se perderán los más de 40 mil millones de pesos que le costará al Estado dicha votación en la capital de la República.