Fernando Londoño Hoyos ha dicho que los terroristas empataron. Con el bombazo del pasado martes no lograron asesinarlo. Pero acertaron en dejarle un dolor en el alma. Por fortuna no han sido exitosos tampoco en su pretensión de torpedear la paz futura. Que sería tanto como asestarle un dolor al alma de la nación. Así de sencillo, sin grandilocuencias.


Porque el atentado terrorista ocurrió en momentos en que el Congreso discutía la reforma constitucional que pretende dotarnos de un “Marco Legal para la Paz”. Ocurrió después de unas explosivas declaraciones de Salvatore Mancuso que comprometen gravemente al expresidente Uribe. Y ocurrió en medio de crecientes rumores sobre posibles escenarios de paz.

Pero Gobierno y Congreso no se dejaron provocar. En medio del dolor y la rabia se empeñaron en acelerar la aprobación de la reforma constitucional que le otorga facultades al Presidente para adelantar negociaciones de paz con organizaciones armadas ilegales. Negociaciones con las guerrillas, para ser más claros. Este cambio de tercio en la solución del conflicto armado desde el Gobierno Nacional, después de ocho años de borrachera bélica, tiene nuevos e interesantes ingredientes. Porque este “Marco Legal para la Paz” le otorga rango constitucional a las gestiones de paz del Presidente. Le permite un amplio margen de maniobra en eventuales negociaciones que va hasta el reconocimiento político de las guerrillas y su posible transformación en actores políticos legales. Y le establece también como importante límite, que todo debe hacerse en el marco de un concepto de “justicia transicional”. Ello, para no soslayar los derechos de las víctimas en nombre de la paz y para que los reclamos de justicia no obstaculicen el derecho de la sociedad colombiana a la reconciliación.

Este marco legal es una vuelta al espíritu de la Constitución del 91. Allí, en los artículos transitorios 12 y 13, los constituyentes le otorgaron facultades al gobierno nacional para adelantar procesos de paz, otorgar favorabilidades políticas a las organizaciones que se vincularan a negociaciones de paz y facilitar la reinserción política, económica y social de los miembros de dichos grupos. Quisieron los constituyentes que el gobierno gozara de facultades también para la normalización de aquellos territorios en donde las guerrillas desmovilizadas actuaban. Y esta formulación constitucional no era traída de los cabellos. Sintetiza la experiencia de paz exitosa más reciente en la historia de Colombia e inspiradora de la paz conquistada luego en El Salvador y Guatemala: la paz de los noventa que condujo a la desmovilización de buena parte de las guerrillas y que le agregó una buena dosis de pluralismo a nuestro sistema político.

Qué bueno que Congreso y Gobierno hayan acogido esta iniciativa del Senador Roy Barreras. Que entendamos que nuestra transición democrática será incompleta sin un punto final a la guerra. Y que siempre será menos costoso un final negociado. Solo que ahora los derechos de las victimas tendrán un lugar merecido. Y también es bueno saber que las expectativas de paz siempre están acechadas por los amigos de la guerra. Para impedir que los bombazos nos desvíen del camino.