Defensa a ultranza

Posted on 8 de julio de 2013 by Periodismo Público

Como ya es de conocimiento de la opinión pública, el secretario de educación Juan Miguel Méndez Molano, le ha prorrogado en cinco ocasiones la terminación del contrato 0592 de 2011 al “Consorcio Las Villas II” para la culminación definitiva de la sede principal de la Institución Educativa Municipal Las Villas.

El problema en esta oportunidad no son las prórrogas en sí; el problema es que las cinco prórrogas ya superaron el tiempo total que según el contrato en mención demorarían las obras en condiciones normales, seis meses. Lo que no se sabe es cuándo realmente entregarán las obras concluidas y a cuánto ascenderá el valor total del proyecto que en principio se tasó en 3.620 millones de pesos.

El verdadero problema, y que a juicio de la comunidad es sumamente grave, lo constituye el hecho de que en respuesta a un derecho de petición que presentó la comunidad el 09 de mayo de 2013 al secretario de educación donde se le exigían explicaciones claras y precisas frente a las reiteradas prórrogas, el funcionario en vez de requerir el cumplimiento del contrato en su totalidad al consorcio, se dedicó prácticamente a realizar una defensa a ultranza a favor del contratista, defensa que no la hubiera podido hacer mejor el representante legal del consorcio o eventualmente uno de sus mejores asesores jurídicos.

Aunque parezca insólito, en la primera prórroga de tres meses el Secretario de Educación, sin rubor adjudica la responsabilidad al Ministerio de Educación porque los diseños aprobados y presentados por esta entidad, “no se ajustaban al tamaño del lote”. Cabe preguntar ¿cómo es posible que el MEN contrate o tenga a su servicio ingenieros y arquitectos entre sus asesores que elaboren diseños de construcciones sin tener en cuenta la dimensión de los espacios?

Estos mismos ingenieros y arquitectos, según el razonamiento del Secretario de Educación, no solo no tuvieron en cuenta “el tamaño del lote” sino que literalmente en los diseños, los cálculos relacionados con la cimentación de la edificación estuvieron mal realizados……para evitar futuros asentamientos diferenciales en la estructura… (Supongo que hace referencia a eventuales hundimientos) ya que la capacidad portante del suelo no era suficiente para soportar la carga de la sedimentación (cálculos) inicialmente presentada en el diseño”.

El Secretario de Educación adjudica la responsabilidad al MEN porque palabras más palabras menos, los estudios de suelos realizados tampoco establecieron con precisión este problema técnico. Como si no bastaran las pobres explicaciones que dio el Secretario de Educación, explica a renglón seguido que otro factor que contribuyó al retraso general de la obra fue el bajo rendimiento en la ejecución de la demolición de la antigua edificación, argumento que aparte de ser risible, y sobre todo poco creíble, es un problema que solo le compete en su solución al contratista, y como un buen culebrero el Secretario termina adjudicándole la responsabilidad de la demora al mal estado del tiempo porque “se presentaron fuertes lluvias que interfirieron en la ejecución de las actividades”.

La justificación de la segunda prórroga por dos meses la explica el Secretario de Educación como consecuencia de la insuficiencia de recursos de los que disponía el proyecto, razón por la cual se realizó una adición presupuestal de $ 1.600 millones de pesos para ejecutar las obras o actividades “que no estaba contempladas en el proyecto”. Por lo visto hasta ahora, y bajo la lógica del Secretario Méndez Molano, lo que faltó incluir en el proyecto fue prácticamente la mitad de la construcción, porque si el valor total del contrato de la obra ascendía a 3.620 millones y se tuvo que adicionar casi el 50% del valor total, se concluye que los diseños elaborados por los funcionarios del MEN correspondían solo a la mitad de la obra.

En la prórroga N°3 por dos meses en forma reiterada vuelve sobre aspectos de la obra que no fueron incluidos en los diseños originales hasta el punto que el Secretario de Educación afirma que hubo inconsistencias en los diseños arquitectónicos, estructurales, hidráulicos y hasta sanitarios, mejor dicho que los diseños iniciales fueron prácticamente inservibles. ¿Cuánto pagó el MEN por la elaboración de los estudios y diseños del proyecto?

Para el sentido común lo anterior quiere decir que todo quedó mal diseñado, todo, absolutamente todo, y que el contratista prácticamente debió rehacer los diseños. En este caso la Procuraduría General de la Nación y a los demás organismos que les compete el control, deberían asumir entonces la investigación de la pésima gestión de los funcionarios del MEN que realizaron unos diseños que, según el contratista y sobre todo el secretario de Educación, no sirvieron sino en cerca del 50%

Pero donde con mayor evidencia se palpa la defensa a ultranza que el secretario Méndez Molano hace a favor de la firma contratista y no la exigencia de la entrega de la obra a satisfacción, es en lo relacionado con “la demora que tuvo el contratista con la adquisición de equipos…que los proveedores requería plazos adicionales…Se supone que cuando se realizó la licitación y se presentaron las diferentes firmas, la elegida cumplía con la experiencia, los recursos técnicos y capacidad financiera que la ley exige.

Cabe preguntar entonces: ¿El Consorcio Las Villas II sí cumplía o no con los requisitos que la ley establece? ¿Sí disponía de los recursos financieros o como llaman los administradores de empresas, si disponía de músculo financiero para asumir este contrato? ¿Sí disponía de los equipos y herramientas técnicas necesarias, suficientes y apropiadas para acometer contratos de esta naturaleza? O ¿solamente cuando empezaron las obras debieron adquirir mediante importaciones máquinas y herramientas que las operaciones de construcción del contrato requerían?

En esta prórroga le endilgan la responsabilidad del retraso en la entrega de las obras hasta a las empresas de servicios públicos en un afán desesperado por justificar la mediocridad, e irresponsabilidad de una firma de contratistas que en apariencia cumplía con los más “exigentes requisitos” que establece la Ley de contratación.

En las prórrogas 4 y 5 que suman un total de cuatro meses, se ha justificado el incumplimiento del contratista como consecuencia de “mayores y menores cantidades de obra y actividades no previstas…así como por consecuencia de los trámites ante empresas de servicios públicos y la disponibilidad de estas empresas…”

Dado el vocabulario técnico que emplea en gran parte el Secretario de Educación en respuesta al derecho de petición para explicar a la comunidad el incumplimiento del contratista, parece que estuviera hablando el representante legal del consorcio y no el Secretario de Educación. En lugar de cuestionar la irresponsabilidad de este último, y que su deber y su obligación es exigir el cumplimiento del contrato, argumentó a favor del consorcio que la ley de contratación y demás disposiciones legales “no niegan la asignación de un tiempo y recursos adicionales”, como si las cinco prórrogas que tuvo no hubieran sido suficientes junto con la adición presupuestal que se realizó en su momento para que se entregue la obra a satisfacción de la interventoría y sobre todo de la comunidad.

En conclusión la obra a la fecha está suspendida y según lo denuncian los miembros de la Veeduría de la Comuna 6 es posible que se suspenda indefinidamente mientras el contratista exige la cancelación del valor ejecutado de la obra, y lo peor de todo, que los estudiantes continuarán realizando sus actividades en las condiciones más lamentables que ya la opinión pública conoce.

angelhumbertotarquino@yahoo.es