Ante la Fiscalía General de la Nación, el contralor, Ricardo López Arévalo, denunció a una persona encargada de la nomina del hospital San Rafael de Cáqueza, por la presunta comisión de delitos por la apropiación indebida de las cesantías del personal de servicios generales, mediante la falsificación de documentos, abuso de confianza y engaños.


Un informe de la Contraloría, señala que “en desarrollo de la auditoría especial que se realizó este año, al centro hospitalario, se estableció que cuatro funcionarias de servicios generales denunciaron que en 2014 y 2015 les fueron consignadas en sus cuentas bancarias las cesantías parciales, sin haber solicitado el pago y que posteriormente, bajo engaños Ángela Yamile Arregui Hernández, contratista encargada de la nómina, en Talento Humano, les solicitaba el dinero”.

La situación quedó al descubierto, luego de la denuncia presentada en octubre de 2015 por, Ana Aya León, una de las víctimas, luego de la consignación que recibió el 24 de julio en la cuenta de nómina de las cesantías retroactivas parciales, por cuantía de 29.130.000, sin su autorización, y que posteriormente le fueron reclamados por Ángela Yamile Arregui, argumentando que se trataba de un crédito del esposo que por error había sido consignado en la cuenta.

El informe de la contraloría, también revela que “la señora Ana Aya León, el 29 de julio, retiró del cajero 3 millones de pesos y se los entregó a la encargada de la nómina del hospital, pero que al pretender retirar el resto de dinero, el banco le solicitó los soportes de la procedencia de la cuantía, y al no existir justificación, le fue congelada la cuenta bancaria de nómina”.

La investigación de la contraloría determino que “la contratista Ángela Yamile Arregui, cambió la versión de lo sucedido, explicándole a la señora Ana que no se trataba de un crédito de su esposo sino lo correspondiente a la solicitud del pago de sus cesantías retroactivas parciales. Posteriormente se evidenció que en la carpeta de la hoja de vida de Ana Aya León no obra la Resolución 118 del 29 de junio de 2015 expedida por la gerencia de la ESE, por medio de la cual se le reconoció el derecho al pago de las cesantías por valor de 29,130.000”.

La Contraloría, agrega en su informe que “se encontró que el mencionado acto administrativo fue anulado el 28 de octubre mediante la resolución 173, en la que se ordena el pago, y se aclaró que por un error digital se registró un valor mayor al que se debía pagar. Sin embargo, la funcionaria de servicios generales, reiteró que no realizó ni autorizó dicha solicitud de retiro de sus cesantías”.

Fuente: Rcnradio.com