Una denuncia sobre la incursión de militares del Ejército venezolano a territorio colombiano el pasado fin de semana, fue presentada por habitantes de los municipios de Herrán y Ragonvalia, en Norte de Santander, ante la Defensoría del Pueblo.


El ente, a través de su oficina regional en ese departamento, tuvo conocimiento respecto al derribamiento de tres puentes comunitarios que servían, no sólo como paso, sino que fundamentalmente se constituían en el canal de acceso para servicios como la educación, la salud y el ejercicio de actividades comerciales en ambos territorios, en la frontera colombo-venezolana.

El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, le solicitó a la Cancillería revisar las denuncias de la comunidad para adoptar las medidas, que desde el punto de vista diplomático sean pertinentes.

«Por esa razón, y a pesar de la informalidad para el tránsito de personas, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, revisar las denuncias y adoptar las medidas que desde el punto de vista diplomático resulten pertinentes para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y evitar una crisis humanitaria en la frontera», señala una comunicación emitida por la Defensoría.

De acuerdo con las quejas recogidas por las Personerías Municipales, como resultado de confusos incidentes entre ciudadanos y miembros del Ejército venezolano, el pasado sábado 5 de julio y domingo 6, fueron derribados los puentes hamaca localizados en la vereda La Colina, a una hora del casco urbano de Herrán, así como en el sector El Oasis, a orillas del río Táchira.

En los hechos, militares del vecino país también habrían sobrepasado la frontera para hostigar a los pobladores, según la versión suministrada por uno de los afectados al Comando de Policía en Ragonvalia, en la que se manifiesta que las puertas de varias viviendas fueron golpeadas por los uniformados.

La información recopilada por funcionarios de la Defensoría da cuenta de la afectación directa e indirecta para 17.985 personas que residen en los dos municipios colombianos, al igual que en la localidad Rafael Urdaneta del estado Táchira del vecino país.

Según las versiones, cerca de medio centenar de estudiantes venezolanos se encuentran matriculados en instituciones colombianas, quedando impedidos para recibir sus clases habituales como consecuencia del colapso de estas estructuras. Incluso, nueve menores inscritos en los programas educativos, serían beneficiarios de la estrategia «De cero a siempre», promovida por el Gobierno Nacional, en tanto que seis profesores colombianos estarían cursando su doctorado en la población de Rubio, en Venezuela.

Dado que en lugares como la vereda Siberia del municipio de Herrán conviven familias víctimas del conflicto armado, particularmente del desplazamiento forzado y ante la precariedad de las vías en esa región del país, los pobladores se ven obligados a buscar alternativas de subsistencia aprovechando los pasos comunitarios para acceder a la salud y al abastecimiento de alimentos, entre otras actividades con histórico arraigo en esa zona limítrofe, donde colombianos y venezolanos se benefician de la oferta de servicios.

Fuente: eltiempo.com