Denuncian presuntas irregularidades de agentes de la Sijín y la Fiscalía Seccional Tercera de Soacha

Un ciudadano y líder del municipio manifiesta que en un operativo realizado a su vivienda habrían ocurrido presuntas irregularidades de agentes de la Sijín, y que Fiscalía Seccional Tercera de Soacha no le quiere devolver los elementos incautados.

Según el denunciante, Adán Hernández, en un procedimiento realizado por hombres de la Sijín adscritos a la Policía Metropolitana de Soacha, el pasado 29 de septiembre del año 2021 se habrían presentado varios hechos irregulares que violarían el debido proceso.

Lo que dice el denunciante es que en un operativo de registro a su vivienda, fueron incautadas dos armas, una 9 mm y una traumática, que contaban con los permisos correspondientes y que según argumenta adquirió de manera legal, ya que en la actualidad cuenta con varías medidas de protección debido a su trabajo comunitario. Además los agentes se llevaron varios accesorios y  radios de comunicación que pertenecen al frente de seguridad de la Junta de Acción Comunal.

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De acuerdo con el líder comunitario, a pesar de que los agentes pudieron constatar la legalidad de los elementos, su hijo, quien se encontraba en el lugar, fue capturado junto a otros jóvenes por el delito de porte ilegal de armas y presentados en un vídeo, que expresa tiene en su poder, como una banda organizada con medios tecnológicos para delinquir.

Otra de las irregularidades que manifiesta el denunciante es que, durante el operativo, los agentes se habrían llevado más de 20 millones de pesos que le pertenecen a él y a su familia, pero según expone, el dinero no fué reportado y hasta el momento no aparece.

Asimismo, el señor Hernández argumenta que los agentes no atendieron las medidas del fiscal para hacer el registro al predio; «debieron asistir uniformados e identificados, pero no fue así», dijo. Además asegura que decomisaron los celulares con los cuales se pretendía grabar el procedimiento como fin de garantía para ambas partes.

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De igual forma, el líder comunitario expresa que en audiencia pública, un juez dio libertad a su hijo y a las demás personas implicadas en el hecho, y que la Fiscalía Seccional Tercera de Soacha se hizo cargo de los elementos incautados, pero asegura que hasta el momento no se los han devuelto ni le han dado razón del estado de ellos, a pesar de que, dice, ha presentado varias solicitudes para recuperar sus pertenencias.

Esta semana, el líder comunal del barrio Camilo Torres dijo que, a pesar de allegar documentos que constan la legalidad de las armas incautadas, “ahora la Fiscalía está exigiendo otras cosas. Están dilatando la entrega”.

Frente a los elementos propios de los frentes de seguridad incautados, dice que la Fiscalía está exigiendo facturas cuando son equipos de hace tres, cuatro y hasta cinco años, y no existen dichas facturas. Y en cuanto al dinero, igual no se lo han devuelto.

Aunque en este momento el inconformismo es con la Fiscalía, el denunciante asegura que también hubo presuntas irregularidades de los hombres de la Sijín, por eso, Periodismo Público consultó con la Policía Metropolitana de Soacha,  institución que manifestó lo siguiente: «Es la fiscalía quién asume todo ese procedimiento judicial, la policía no es competente para definir la situación jurídica de un ciudadano y mucho menos es la responsable de entregar o no elementos incautados.»

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Finalmente, Hernández manifiesta que pone esta información en conocimiento público para hacer un llamado al Gobierno Nacional, al Fiscal General de la Nación y a los diferentes organismos de control para que presten atención a las presuntas irregularidades que estarían ocurriendo en el municipio. Además, pide que se le dé la información sobre los elementos y se realice su respectiva devolución, y de no ser así, se explique las razones por las cuáles no se han atendido las solicitudes que se han hecho, basadas en la resolución de un juez que absolvió a los procesados por porte ilegal de armas, «ya que no existió», puntualizó Hernández, a la vez que dice lamentar que agentes de la Sijín estén usando el poder judicial para actuar como bandas delincuenciales, causando desprestigió a la institución.

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