Residentes de este conjunto aseguran que los establecimientos nocturnos no tienen permiso de uso del suelo. Dicen que, de acuerdo al POT, esta actividad no es permitida.  

Periodismo Público ha recibido varias denuncias por parte de habitantes del conjunto residencial Casalinda, ubicado a un costado del Centro Comercial Unisur, debido al funcionamiento de establecimientos de entretenimiento nocturno que se encuentran allí ubicados y que al parecer no cuentan con permiso de uso del suelo.  

El conjunto se encuentra ubicado frente a un punto comercial bastante estratégico, sobre la calle 30 de San Mateo. Los residentes manifiestan que sus predios han presentado una notable desvaloración por el ruido, las riñas y la rumba que se extiende hasta altas horas de la noche y la madrugada, en un lugar residencial que no contaría con permiso de uso del suelo para dicha actividad.

Al respecto, uno de los residentes que hace la denuncia y que prefiere no decir su nombre, manifiesta que su mamá, una persona de la tercera edad que falleció hace algunos meses, debía soportar este tipo de situaciones. Al igual, otro residente que tiene a sus dos papás adultos mayores, indica que es bastante incómodo tener que presenciar esta situación cada fin de semana, e incluso entre semana con la apertura económica decretada por el Gobierno nacional.    

Y es que han sido varias las gestiones que han adelantado los residentes afectados, interponiendo distintos derechos de petición con los entes encargados, exactamente desde el año 2017 donde han recibido diferentes respuestas, pero que consideran no tienen las acciones requeridas.

Precisamente, uno de los radicados más recientes expresa lo siguiente:

“Con base en el POT acuerdo 046 de 2000, la actividad de bares se asocia a bares, cantinas y grilles, que se encuentra enmarcada como comercio tipo 3. En este caso como el predio tiene una localización específica sobre la Carrera 2 (Nomenclatura actual) el uso determinado para este es área de actividad residencial, donde la actividad económica de bar no es permitida ni compatible con la misma”.     

Complementando lo que se manifiesta en este documento, uno de los residentes comenta que le han comunicado varias veces que existen notificaciones por parte de la Inspección Quinta donde se informa que ya se habrían realizado cierres definitivos, situación que desde luego no ha ocurrido. 

Además, de acuerdo a lo manifestado por estas personas, todos los casos los están dirigiendo hacia la inspectora 5 de Soacha, la funcionaria Dora Tulia López, quien al parecer se encuentra incapacitada y por lo tanto no ha atendido estas denuncias. Solo se tiene conocimiento de un correo que fue respondido a la administración donde le manifestaron que se llevaría a cabo una inspección ocular en el sector.  

Y es que este caso ha tenido muchos inconvenientes, por ejemplo, el cambio continuo de administración que ha dificultado que el proceso avance. Así mismo, la expedición de un documento por parte de la curaduría urbana número uno, con el agravante que a su titular César Ángel Barriga Monroy, le fue revocado su nombramiento por aparente falsificación de su título como ingeniero civil de la Universidad de la Salle. El exfuncionario habría firmado dicho documento en el año 2019 donde confirmaba que estos establecimientos contaban con el permiso de uso del suelo, pero que a la fecha es totalmente inválido.    

Los residentes muestran bastante inconformismo, indicando que los establecimientos empiezan a abrir sus puertas desde las 10:00 de la mañana y cierran hasta las 12 de la noche, incluso siguen atendiendo a puerta cerrada hasta altas horas de la madrugada. Ante esta situación, cuentan que han acudido a la policía, que en muchos casos no atienden sus solicitudes y tampoco hacen el acompañamiento de los cierres de los establecimientos como lo hacían antes de la pandemia.    

Como consecuencia, los propietarios de este conjunto residencial manifiestan que han debido vender o arrendar sus propiedades y radicarse en otro lugar, teniendo en cuenta que han perdido el derecho al buen vivir y la tranquilidad que gozaban en este sector hace unos años. Además, aseguran que la falta de apoyo por parte de la administración y los miembros del consejo, ha ocasionado que se vean aún más perjudicados.

Ellos hacen un llamado a la Administración Municipal para que se haga la revisión de los permisos del uso del suelo de estos establecimientos y se tomen las medidas pertinentes, de acuerdo a lo que se encuentra establecido por la ley.