La nueva visión de la agenda de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana está por encima de las intenciones de las partes e involucra como tercer actor a la sociedad. Incluso supera el hecho de hacer las paces para construir la paz.


En época anterior cuando el país se vio envuelto en la negociación con la guerrilla del M-19, los colombianos pensamos que con ello habíamos superado episodios oscuros, de épocas donde con actos atroces acababan pueblos, poderes, credibilidad y esperanza. Era claro que se había negociado con una guerrilla diezmada que avanzo en estos diálogos. La población rural ocupaba un porcentaje importante de la ciudadanía. Formalizados los diálogos de paz, muchos campesinos fueron desplazados a las zonas urbanas cercanas a capitales, los avances que en materia de justicia había a nivel nacional e internacional no permitieron perdón, verdad y reparación entre todas las personas afectadas por el paso del M-19. Y hoy muchos sectores consideran que estos no pagaron nada para haberse incorporado a la vida civil de Colombia. Sin embargo, hoy tenemos a favor de las victimas un ordenamiento jurídico internacional y nacional que da una dimensión diferente al concepto de postconflicto, de perdón y de reparación. Así mismo el pensar en posconflicto nos lleva a cambios que afectan a los dos bienes públicos básicos que deben proveernos el es¬tado, el bienestar o desarrollo y la seguridad, en particular física, de la ciudadanía.

Respecto del desarrollo, el desarrollo humano, entendido como proceso multidimen¬sional orientado a satisfacer necesidades humanas mediante actores privados y públicos, sigue ocupando una posición central en la agenda. Se observa, en concreto, una doble recuperación o retorno a los orígenes: a) la sostenibilidad o sustentabilidad del desarrollo, en el centro de la agenda nuevamente tras la conferencia Río + 20; y b) la con¬cepción del desarrollo como proceso global, con modelos diferentes, base de la Declara¬ción del Derecho al Desarrollo de NNUU.1 Dicha Declaración alude al desarrollo como «…un proceso global, económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento cons¬tante del bienestar de toda la población y de todos los individuos, sobre la base de su par¬ticipación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los bene¬ficios que de él se derivan» (párrafo segundo del preámbulo).

En suma, el desarrollo se entiende como derecho humano, caracterizado por ser multidimensional en sus objetivos y componentes, tener diferentes titulares (en la medida que el desarrollo se predica de personas y de colectivos), por ser de realización progresiva, (proceso de mejoramiento y satisfacción de necesidades siempre perfectible) y de imple¬mentación tanto en la esfera nacional como la internacional. Por si fuera poco, no puede lograrse de cualquier manera, importa tanto la finalidad como la forma de llegar a la mis¬ma, lo que pone la participación en el centro.

Respecto a la seguridad, ha surgido una nueva concepción de la seguridad, entendida también como proceso multidimensional, que debe atender sobre todo a amenazas, retos y peligros que afectan a las personas, habida cuenta de la disminución de los conflictos armados y de la violencia mortal con intencionalidad política. Han surgido, pues, nuevos rostros de la violencia.

Por un lado, la violencia homicida sin intencionalidad política directa. Por ejemplo, las muertes por arma de fuego suponen un promedio de 500.000 bajas al año. Un ochenta por ciento de las mis¬mas no se deben a violencia intencionalmente política (conflictos armados, terrorismo), sino a otras razones (crimen organizado, inseguridad ciudadana, bandas juveniles…). In¬cluso en países que solucionaron sus conflictos armados internos mediante negociaciones políticas o procesos de paz hace ya décadas (El Salvador, Guatemala…), el reto que plan¬tean estos nuevos rostros de la violencia son muy importantes. Por otro, el impacto de lo que se ha llamado «violencia crónica», un fenómeno que describe el hecho de que en al¬gunos países la población se encuentra enfrascada en una espiral creciente de violencia social, que afecta las relaciones sociales, el desempeño de la democracia y la práctica ciu¬dadana en la región. Estudios como el de J. Pearce, La ciudadanía en los contextos de violencia crónica, 2007, muestran los mecanismos por los que una gama de fuerzas profundamente enraizadas estimulan y reproducen la violencia crónica, des¬truyen o erosionan el tejido social de comunidades y países vulnerables, hasta el punto de correrse el riesgo de que tales tendencias puedan convertirse en normas sociales de facto. Las dinámicas negativas vinculadas a la violencia sin intencionalidad política y a la violen¬cia crónica son retos cruciales, en la actualidad, para los procesos de desarrollo y de cons¬trucción de paz.

Somos conscientes los cundinamarqueses de los grandes cambios a los que estamos asistiendo en búsqueda de una pacificación consolidada de largo plazo para que nuevas generaciones respiren vientos de paz que permitan al país un enrutamiento sobre la línea de desarrollo y progreso por donde la población tanto campesina como citadina encuentre espacio para superar la brecha de atraso con respecto de otros países. Todo ello, es claro siempre y cuando logremos un perdón real. Equivocados aquellos estrategas que consideran que con palomas pintadas, propagandas y folletos consiguen aquietar el alma. El perdón hay que construirlo día a día, con disposición de todos, superando umbrales de dolor, de perdida, de verdad. Para ello, me permito plantear que los actores sociales con liderazgo depongan ánimos por la construcción de este perdón, además de un compromiso por parte del estado para que la educación aborde el tema desde dos ópticas el de saber perdonar para liberar y de la construcción de una sociedad cohesionada preparada para el futuro. Estos dos elementos deben estar proyectados tanto para la ciudadanía como para las organizaciones que depongan las armas y se inserten a la sociedad. De lo contrario, estaremos ante un escenario de bandas criminales emergentes que sin compromiso, reinciden con el argumento facilista de no saber hacer nada más. Y nuevas desesperanzas y pérdidas. En mora está el gobierno nacional en avizorar y dejar claro en su responsabilidad estos temas.