Un nutrido grupo de desarraigados marchó en la mañana de ayer lunes por las calles de Soacha, con objeto de la conmemoración de los 14 años de la Ley 387, la cual dicta medidas para la atención, protección y restablecimiento de derechos de esta población, algo que según afirman no ha sido cumplido por el Gobierno a lo largo de estos años.


“14 años de incumplimientos” era la arenga que gritaban estas personas, que aprovecharon el recorrido para exigir a las autoridades locales y especialmente a los aspirantes que buscan llegar a la Alcaldía de Soacha, la pronta formulación de una Política Pública que garantice un atención integral para los desplazados, por medio de la cual de logren factores importantes como la retribución socioeconómica, el retorno a sus lugares de origen, proyectos productivos que permitan su supervivencia y ante todo la garantía de no repetición.

Cabe destacar que el punto de partida de lo que sería esta Política es el PIU (Plan Integral Único de atención a la Población Desplazada), un documento que se ha venido socializando en los últimos días entre los representantes de esta comunidad y algunos funcionarios de la Administración Municipal que trabajan el fenómeno del desplazamiento.

“Hoy no tenemos un Plan Integral frente a la Vivienda, cuando la Ley 387 dice que debemos tener un lugar digno, el Gobierno sólo nos da un subsidio. Se habla también de un restablecimiento socioeconómico y proyectos productivos, pero para una familia de tres o cuatro miembros este no puede ser de un millón quinientos mil pesos. Se habla de una Política de retorno con dignidad y garantías, pero no hay quien nos asegure que nos se repetirán los hechos. Tenemos un país en guerra que no quiere reconocer un conflicto a pesar de que la situación de violencia existe, por lo cual no se puede decir que la gente tiene derecho a un retorno. No hay una coherencia con lo que están planteando, pues si hablamos de restitución de tierras se estaría evidenciando una farsa porque a las personas les dicen que les van a entregar sus títulos, pero eso no es una garantía de poder disfrutar y trabajar la tierra. Ahora, esos retornos no están acompañados de un proyecto productivo que le permita a la gente al menos sobrevivir mientras la tierra produce, porque la gente no come tierra”, explicó Daniel Rendón, Representante de OPDS (Organización de Población Desplazada de Soacha).

Rendón resaltó que la solicitud es para que el Gobierno (Nacional y local) haga un compromiso con las organizaciones de población desplazada a fin de que se busque una articulación que permita responder a planes claros de restablecimiento socioeconómico hacia estas personas, además de lograr que desde el próximo Plan de Desarrollo se empiece a trabajar en aras de que se incluyan dichas propuestas.

“El Auto 387 invita a la población desplazada a que efectivamente haga parte de esa discusión de Política Pública, pero al Gobierno Nacional también le exige la presentación de un proyecto en ese sentido con presupuestos específicos para nosotros, que incluya un enfoque diferencial y de género, significa que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte desde el Municipio para implementar esas directrices y debemos hacer una proyección que permita gestionar planes y programas de cara a tener los recursos suficientes para nuestra atención”, concluyó Rendón.