Destituyen a policía por golpear a ciudadano que escuchaba música a alto volumen
El entonces patrullero habría actuado en contravención de la normativa colombiana y del régimen disciplinario de la institución policial.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por un periodo de 17 años al patrullero de la Policía Nacional, Gabriel Edgar Sánchez Pisco, tras hallarlo responsable de uso excesivo de la fuerza al agredir físicamente a un ciudadano con su arma de dotación.
El fallo, proferido en primera instancia por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Pereira, se desprende de hechos ocurridos en la madrugada del 23 de noviembre de 2020 en la ciudad de Armenia.
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Según la investigación, el uniformado acudió a un llamado por un caso de perturbación del orden público debido al alto volumen de la música en la vía pública. Durante el procedimiento, golpeó en el rostro a una persona que exigía la devolución de un parlante incautado por las autoridades.
De acuerdo con el Ministerio Público, el entonces patrullero actuó en contravención de la normativa colombiana y del régimen disciplinario de la institución policial. Su conducta se apartó de los principios fundamentales del Estado y transgredió las obligaciones inherentes a su cargo, lo que representó una vulneración de los derechos de la víctima y un atentado contra la confianza que la ciudadanía deposita en las fuerzas del orden.
El Ente de control subrayó que el comportamiento del uniformado afectó de manera flagrante el principio de moralidad, al ir en contra de la dignidad humana y la integridad de la persona agredida. Este tipo de acciones, señaló la Procuraduría, generan desconfianza en la ciudadanía y minan la legitimidad de la Policía Nacional, institución encargada de proteger y garantizar los derechos fundamentales de la población.
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Tras analizar el caso, la Procuraduría calificó la falta disciplinaria como gravísima, cometida a título de dolo, lo que significa que el patrullero actuó con plena conciencia de la ilegalidad de su conducta. Como consecuencia, se le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas durante 17 años.
Finalmente, la decisión podrá ser apelada por el disciplinado ante la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda. Mientras tanto, la sanción se mantiene en firme bajo efecto suspensivo, lo que implica que no se ejecutará hasta que se resuelva la eventual apelación.
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