La gran avalancha urbanística que desde hace un par de años ha caído sobre Soacha, es sin duda una situación que preocupa a todos los habitantes del municipio, no sólo por la inexistente planificación con que se construyeron y se siguen construyendo las viviendas, sino por la deficiente oferta de servicios públicos y la paupérrima infraestructura que hay en el territorio.


Desde el mismo momento en que se empezaron a construir cada uno de los nuevos proyectos de vivienda que hoy están terminados en Soacha, así como aquellos que en la actualidad están en ejecución, diferentes actores, organizaciones sociales, líderes ambientalistas y muchos otras personas más, advirtieron la difícil realidad que hoy enfrenta el municipio: un descontrolado aumento de la población (que desde antes de los nuevos proyectos de vivienda ya desbordaba la capacidad administrativa), casas sin servicios públicos adecuados, falta de infraestructura, problemas de convivencia, inseguridad, y muchos otros factores más que conoce muy bien la ciudadanía.

En el contexto actual el problema no es sólo con los macroproyectos de vivienda (Ciudad Verde, Maiporé y Parque Campestre) como se había pensado en un principio, sino también, y quizás en mayor proporción, con aquellos proyectos de nivel medio como Villa Daniela, Tejares y otros más, que se desarrollan en la mayoría de sectores del municipio, en los cuales más de una vez sus habitantes han denunciado los problemas que han tenido que enfrentar por culpa de la irresponsabilidad de las curadurías urbanas y los constructores, que sólo dejan problemas a las personas que compran en sus proyectos.

Pero si los constructores y las curadurías urbanas son señalados como los principales culpables de la enorme problemática que tiene Soacha en este momento, no se puede dejar atrás a la Administración Municipal, que históricamente ha ignorado su responsabilidad de vigilar la ejecución de las licencias de construcción, para evitar que cada una de estas situaciones se haya presentado, e impedir que esas unidades habitacionales llegaran a ser habitadas sin comprobar antes que se cumpliera el mínimo de condiciones para ello.

“Apenas se ha entregado un 15% de las viviendas que se están construyendo, pero la Autopista sur ya está colapsada, al igual que la educación y otros aspectos más. Antes eran 140.000 unidades de viviendas, pero ahora son 160.000 las que se construyen, lo que quiere decir que con esto llegarán alrededor de 700.000 nuevas personas a habitar el municipio. La Ley 1469 (ley de suelo urbanizable) les quitó a los concejos municipales la autonomía para definir los usos del suelo, por lo que ya no tenemos competencia para decidir en esto. Igualmente vale la pena decir que, por ejemplo, para poder ofrecerles educación a esas nuevas personas que van a llegar, habría que construir cerca de 120 colegios públicos, pero el municipio no tiene con qué construirlos, y de hecho dudo que lo vaya a hacer…

…Por otra parte, el Hospital Mario Gaitán tiene una capacidad para 104 camas, y es el único de carácter público que tenemos. Amarilo manifestó en su momento que iba a dejar un terreno para la construcción de un hospital de III y IV nivel en Ciudad Verde, pero eso todavía no se ha cumplido, como tampoco se han cumplido los compromisos que adquirieron con el municipio en otros temas. La autonomía para suspender las licencias de construcción es del Alcalde, y no estoy echándole el agua sucia a la Administración, pero son ellos quienes tienen que proceder en ese sentido, teniendo en cuenta todas las irregularidades que hay en medio de esta problemática”, explicó el Concejal de Soacha, Martín Peñuela, quien desde hace más de dos años se ha dedicado a estudiar todo lo referente a la construcción de vivienda en el municipio.

A propósito de lo anterior, Peñuela se refirió a las irregularidades que para el caso concreto de Maiporé se han presentado. Por ejemplo, citó lo expuesto en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 4065 de 2008.

Mientras en la primera se da a los curadores urbanos la facultad de expedir licencias de construcción, en el segundo se regula el pago de plusvalía, que para efectos de la expedición de las licencias de construcción, debe acreditarse antes de que se realice el Acto Administrativo que autoriza la licencia. En ese sentido, de acuerdo a la información recopilada por el Concejal, al municipio no le ha ingresado un solo peso por concepto de pago de plusvalía, lo que quiere decir que la licencia de Colsubsidio Maiporé fue otorgada irregularmente:

“En el tema del agua había una disponibilidad que había dado la EAAB, que para ser viabilizada se debía construir una red de 24 pulgadas desde la Calle 13 hasta El Vínculo. Sin embargo, Colsubsidio no lo hizo, y por el contrario conformó una empresa aparte que se llama Acuacentro, cuya licencia es ilegal porque se expidió sin tener en cuenta la disponibilidad que había dado el acueducto. Lo que buscamos es que los constructores (que son los grandes magnates del país) y el gobierno nacional, paguen la deuda social que tienen con Soacha, porque no se puede permitir que se repita lo de Parques del Sol II, el municipio tiene que responderle a toda la gente que va a llegar a vivir acá”, sostuvo Peñuela.

El concejal informó que este mes presentará al pleno del Concejo Municipal, un Proyecto de Acuerdo con el que se busca suspender el otorgamiento de nuevas licencias de construcción en Soacha, teniendo en cuenta que no se cuenta con el mínimo de condiciones para que se continúe con las obras. Igualmente, expresó que está buscando la salida jurídica para suspender las ventas de las casas que ya están construidas, no sólo porque la mayoría presentan inconvenientes, sino porque, enfatizó, los constructores no pueden venir y entregar un urbanismo al municipio, cuando perdura una problemática que no se le ha podido solucionar a la gente que ya vive en la ciudad.

Urbanismo ‘desmesurado’:

Así se refirió el Personero Delegado en Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Personería de Soacha, Giovanny Murillo, quien describió el oscuro panorama que hay frente a la construcción de vivienda en el municipio, precisando algunos detalles del seguimiento que desde su despacho se ha hecho a todos los proyectos urbanísticos que se ejecutan actualmente, dando cuenta de cada una de las irregularidades que se han encontrado.

Murillo destacó que un estudio realizado entre el 2008 y el 2012, logró establecer que en este periodo se expidieron más de 2250 licencias de construcción, por parte de las dos curadurías urbanas del municipio, ante las cuales se inició un seguimiento a todas aquellas construcciones que tienen una extensión mayor a 18.000 m2, como por ejemplo Maiporé, Villa Daniela y todas las construcciones nuevas que se están haciendo en sectores como San Mateo e Indumil.

“Nosotros tenemos una limitante, porque el tema de las curadurías urbanas no es competencia nuestra, pues el poder preferente sobre estos entes lo tiene la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, este año la Contraloría Municipal sí va a iniciar un proceso con ellos, porque contrario a nosotros, ellos sí están facultados para hacer ese control, por lo tanto la idea es que de los hallazgos que encuentren se nos dé traslado para poder iniciar las correspondientes investigaciones…

… Vale la pena decir que desde el año pasado intervinimos un proyecto urbanístico, cuyas licencias fueron otorgadas en un sitio que estaba catalogado por el Clopad como zona de alto riesgo. Es importante precisar que si esto se construye en una zona de alto riesgo, puede ocurrir lo mismo que pasó en Parques del Sol II, es decir, que hayan deslizamientos o que el terreno ceda, y que por consiguiente se deban hacer evacuaciones, y finalmente se inicien las acciones de tipo administrativo y el municipio tenga que hacer reubicaciones y pagar por esto”, aseguró Murillo.

El proyecto urbanístico al cual hizo referencia el personero Delegado, es Tierra Alta, el cual inició sus obras en el límite de las comunas cuatro y cinco, entre los sectores de Julio Rincón y Terragrande. El proyecto se encuentra actualmente detenido debido a las irregularidades encontradas por la Personería Municipal, igualmente esto mismo ocasionó que la Secretaría de Planeación aún no le haya dado el visto bueno, y actualmente le esté solicitando una serie de requerimientos para poder hacerlo. No obstante, se debe decir que de no ser por la alerta hecha por el ente de control, nada de esto se hubiera hecho y la obra seguiría su curso sin ningún problema, se hubiesen vendido los inmuebles, y la gente estaría padeciendo los mismos problemas que han ocurrido en el pasado.

¿Quién es el responsable?

Aunque es claro que las licencias de construcción que están vigentes en Soacha fueron expedidas por las curadurías urbanas de una forma evidentemente irresponsable y sin ningún tipo de planeación, se sabe que la Secretaría de Planeación es la entidad responsable de vigilar que estas cumplan con todos los requisitos con el fin de que las viviendas se construyan con todas las condiciones necesarias para que puedan ser habitadas, incluyendo la infraestructura, la oferta de servicios públicos, el acceso a la educación y otras tantas condiciones que necesita una vivienda medianamente digna.

Es claro también que esta misma secretaría es la que tiene la potestad de suspender esas licencias e impedir que las casas sean entregadas, en caso de que dichas condiciones mínimas no se cumplan. Sin embargo, lo que se evidencia es que en Soacha no se ha hecho nada de esto, pues la realidad de la mayoría de nuevas viviendas que existen hoy, muestra todas las irregularidades que se han cometido, sin que nadie diga o haga algo al respecto.

Aunque Periodismo Público.com quiso consultar a los dos curadores urbanos para dialogar sobre el tema en mención, no fue posible hablar con ninguno de ellos. Igualmente se buscó de forma insistente al Secretario de Planeación, Orlando Ramírez, quien tampoco respondió al llamado de este medio de comunicación, por tal razón, los testimonios de estas dos fuentes no fueron incluidas en este informe especial.

Ese mismo silencio es el que perciben los ciudadanos de Soacha, quienes con asombro y preocupación ven cómo el municipio que habitan es una bomba de tiempo social que va a estallar en cualquier momento:

“Yo no entiendo por qué la Administración Municipal permite que se llene de casas a Soacha, viendo que los problemas históricos que tenemos con la movilidad, la seguridad, los servicios públicos y la educación crecen cada día más, sin soluciones eficaces a la vista. Parece que de por medio hubiera un jugoso negocio del que se estuvieran lucrando, porque no encontraría otra explicación para tan delicada situación”, indicó Alberto Quintero, habitante de Soacha.

“Lo digo yo y lo he escuchado de otras personas, en Soacha no hay autoridad y nunca la ha habido, porque de lo contrario no se permitiría que los constructores y las curadurías se lucraran a costa del perjuicio de los que llevamos toda una vida acá y de los que vienen de Bogotá, que desafortunadamente se encuentran con un infierno. Soacha es utilizada para saciar la sed de lucro que tienen quienes lideran estos paupérrimos proyectos de vivienda”, agregó Elizabeth Quevedo, residente del municipio.

“Lo que pasa hoy en Soacha no es nuevo, yo vivo en Compartir y también fuimos víctimas de los engaños de los constructores. Recordemos que en nuestro barrio tuvimos que esperar más de 17 años para poder acceder a un servicio de agua digno, es decir que vivimos una situación idéntica a la que vive hoy Maiporé. Por otra parte, para el ciudadano del común no es un secreto que la cantidad de personas foráneas que desde hace varios años ha llegado a Soacha, es la principal causa de tantos problemas, entre esos la inseguridad. Pero como todos saben, a los constructores no les importa eso y a los curadores sí que menos, ellos sólo piensan en el dinero”, señaló Miriam Suárez, vecina del barrio Compartir.