El círculo vicioso de la educación en Soacha
No se necesita ser experto en futurología para saber que los primeros veinte días de cada año cientos de padres de familia inundan las instalaciones de la Secretaría de Educación con el fin de asegurar un cupo escolar.
Para este 2017 la situación ha sido la más crítica de los últimos años, no sólo porque se encontraban 3500 menores sin gozar del derecho a la educación, sino por el temor de la clase política local en que, en medio de esta crisis, una investigación seria de los organismos de control pueda aclarar lo que todo el mundo político soachuno conoce: hay un matrimonio entre funcionarios de alto nivel y los oferentes educativos.
La crisis educativa que vive la ciudad es la consecuencia de tres fenómenos concatenados y dependendientes entre sí: la crisis urbana que ya hizo metástasis; la falta de planeación administrativa; y un modelo económico que, en el caso de la educación, prepondera el subsidio a la demanda para beneficiar a los privados sobre el goce del derecho de miles de niñas, niños y jóvenes a educarse en las mejores condiciones.
La clase política de Soacha está lejos de entender que la ola de urbanización, de la cual se benefició a través de las constructoras y curadurías, haría metástasis. Era absurdo promover la construcción a gran escala de vivienda sin entender que cualquier ciudad en cualquier parte del mundo necesita equipamiento urbano (colegios, hospitales, vías, parques). A punta de centros comerciales no se resuelve el hacinamiento y la crisis urbana.
El asunto del hacinamiento y escaso equipamiento urbano era previsible, ¿por qué el Alcalde no ordenó, una vez posesionado, a su Secretario de educación el lobby necesario en el Ministerio para gestionar la construcción, dotación y contratación docente en nuevos colegios públicos? ¿No era más fácil adelantarse a la crisis realizando un ejercicio de planeación administrativa? Sencillo: a través del convenio y el colegio en concesión se pagan favores políticos. En Soacha, el ‘tú me patrocinas la campaña y yo te doy convenios’ es la herramienta que le da potencia y prestigio a la alicaída clase política local.
Pero la ola de urbanización y la falta de planeación tiene su ingrediente legitimante: el modelo económico. En un país donde se promueve, como principio constitucional, la entrega de las funciones estatales a la empresa privada; en el cual los derechos sociales se desfiguran para convertirse en servicios, es apenas previsible que el orden de las cosas es darle prioridad a que los privados aumenten su tasa de ganancia en detrimento del derecho a la educación.
El Banco de Oferentes que anualmente se abre para que los empresarios de la educación inscriban su colegio (de garaje, de parqueadero) en tanto, dependiendo la demanda educativa, se le asigne una cantidad de cupos que atender, lo cual representa por joven una suma considerable de recursos, se ha convertido en el mejor de los negocios.
La clave del negocio está en recibir x cantidad de jóvenes que representen una buena cantidad de recursos públicos. Sin ningún tipo de veeduría y control de los procesos educativos, estas mafias de la educación pauperizan el trabajo docente, no equipan los colegios con lo necesario y hacinan estudiantes en función de incrementar su tasa de ganancia.
Recuerden que los empresarios de la educación han consolidado una verdadera mafia, disponen de concejales (o son ellos los concejales) que, para asegurar su base electoral, ofrecen convenios educativos a diestra y siniestra en épocas de campaña. Efectivamente cumplen, pero con la gravísima consecuencia de despojar a los soachunos de instalaciones educativas de carácter público.
Si la crisis educativa ya va por mediados de febrero es porque los empresarios de la educación, como buenos discípulos de las lógicas de mercado, quieren más… y saben que obtendrán más porque en las administraciones municipales recientes, si no hay plata se gestiona.
Heiner Gaitán
@HeinerGaitan
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