Aunque el 05 de mayo de 2016 la CAR suspendió la explotación en la mina Caracolí, ubicada en la vereda San Jorge del corregimiento uno de Soacha, ha pasado más de un año desde que se realizó la Audiencia Pública y ninguna de las instituciones ambientales se ha pronunciado ante las exigencias de la comunidad de la zona


san-jorge-1.jpg

La historia comenzó en el año 2006 cuando menos de la cuarta parte que corresponde al título minero fue adquirido por Yisney Cerón, hija de Omar Cerón, por un valor de 30 millones de pesos, según la escritura pública N°2165, que corresponden a 6ha 3.089m².

Posteriormente, el 7 de julio de 2009 Ingeominas otorgó el contrato de explotación minera IF 08801 a Omar Cerón con un área de 63.5 hectáreas (ha) por 30 años, la cual se conoce como la Mina Caracolí ubicada en la Vereda San Jorge.

En 2012 la CAR concedió una licencia ambiental para la extracción de arenas en la Vereda San Jorge del municipio de Soacha, pese a ubicarse el título minero en zona de páramo y de importancia hídrica para la región. Actualmente las actividades en la mina se encuentran suspendidas por una sanción ambiental que suman tres relacionadas con el incumplimiento de sus obligaciones, actuaciones que no han sido suficientes para derogar esta licencia ambiental.

Pero fue en marzo de 2014 cuando se establece un contrato de operación minera entre Omar Cerón y Trenaco Mining and Services SAS, que implicaba la cesión de derechos.

Los impactos ambientales

Durante la fase de adecuación y de inició a la etapa de extracción de la Mina, el Colectivo Ambiental Caminando el Territorio y líderes de la comunidad lograron hablar con funcionarios de Trenaco Mining quienes señalaron que ya habían realizado aproximadamente “un 53% de intervención sobre el área” y “transitaban 22 volquetas al día”.

“El tránsito de volquetas doble troque estaba afectando el acueducto de la zona y el estado de la carretera, y al paso iban levantando tierra y esparciendo arena que dañaban los cultivos de alverja, fresa y otros que son la manera de ganarnos la vida, y si uno iba en la vía le tocaba tragarse todo el polvo (…) eso en un futuro produce problemas respiratorios”, aseguró uno de los campesinos de la zona.

Posteriormente Cerón informó a la CAR que “se ha realizado remoción de cobertura vegetal y materia orgánica en el área de concesión, el cual fue utilizado para la conformación del jarillón del sur”. En los procesos de adecuación, líderes de la comunidad afirman “que se eliminaron cerca de 200 frailejones”. Para ese momento la CAR señaló al titular que “el área donde se encuentran realizando el avance de la explotación minera no está contemplada en la licencia ambiental, el suelo orgánico carece de manejo ambiental y obras de preservación para el proceso de restauración por minería”.

En Soacha existen 65 títulos mineros vigentes en ejecución para la extracción de arcillas, arenas y materiales de construcción. Gonzalo Rodríguez Chía, director regional de la CAR, afirmó que “Soacha y Síbaté en Cundinamarca es donde se genera mayor explotación minera, lo cual pone en riesgo la vocación agrícola de estos municipios. “Si no se pone cuidado, el municipio de Soacha va quedar sin agua y sin quién produzca el alimento de muchos bogotanos, porque lo que cultivamos sale para Soacha y Abastos.

En espera de una decisión

Aunque la CAR se encuentra en proceso de investigación sobre la licencia ambiental de la Mina Caracolí, la sentencia de la Corte (C-035 de 2016) prohibió la minería en zonas de páramos y ordena que si la actividad minera no es compatible, se podrá estipular el fin de las actividades extractivas.

Por otro lado, el principio de precaución contemplado en la legislación ambiental advierte la adopción de medidas protectoras ante la evidencia de un daño ambiental, según lo consagra la Ley 99 de 1993. “Ni la sentencia de la Corte, ni el principio de precaución lo quieren ver las autoridades ambientales”, señalan líderes de la vereda.

El Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra Digna’, afirmó durante la Audiencia Pública: “Conflictos Sociales y Ambientales de la Actividad Minera en Ecosistemas Estratégicos”, realizada el 22 de mayo de 2016 en la vereda San Jorge, que “esta es una comunidad que prueba que ha agotado todos los mecanismos de participación; ha intentado vías legales por cuenta de una Acción Popular, está exigiendo una Consulta Popular, ha convocado una Audiencia Pública, para que hoy se les diga que son bienvenidos a presentar quejas.

Ha pasado un año de la Audiencia Pública y ninguna de las instituciones ambientales se ha pronunciado ante las exigencias de la comunidad de la vereda San Jorge en relación a la Mina Caracolí.

Apoyo: Alexandra X. Gómez, Las2Orillas
Foto portada: Revelados